El Colegio de Abogados de Burgos convoca una concentración de protesta coincidiendo con el aniversario del TSJ

El Colegio de Abogados de Burgos convoca a todos los letrados de la provincia a una concentración de protesta mañana, jueves, a las 19.15 horas, a las  puertas del Palacio de Justicia de la Isla, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para que bajo el lema NO A LAS TASAS Y A LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EN FAVOR DEL DIÁLOGO muestren su disconformidad con las reformas en curso.

La protesta, cuyos motivos son múltiples, coincidirá con la celebración del 25 aniversario del TSJ, al que está prevista, en principio, la asistencia del ministro, Alberto Ruiz Gallardón.

El decano del Colegio de Abogados burgalés, Joaquín Delgado, señala, en su invitación a los letrados de la provincia a participar en la concentración, que la Ley de Tasas Judiciales, en vigor desde enero de 2013, ha sido un evidente fracaso. “Por un lado”, afirma, “no ha destinado lo recaudado a la Justicia y por el otro ha disuadido a los ciudadanos y pequeñas empresas de ejercitar su legítimo derecho fundamental de acceso a la Justicia”.

Delgado recuerda que, mientras en Francia se eliminan las tasas por entender que restringen el ejercicio de ese derecho ciudadano, en España siguen vigentes, pese a la crítica y contestación generalizada.

El proyecto de Ley de Justicia Gratuita, por su parte, en opinión de los abogados burgaleses, se encuentra en fase parlamentaria y de su lectura se desprende que se burocratizará en exceso el servicio público generando costes innecesarios. “No respeta la labor de abogados y colegios”, señala, “dificulta el acceso de los ciudadanos a la justicia y afecta gravemente a algunas garantías constitucionales, además de que no asegura la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita e insiste en el error de vincularlo a las tasas”.

También se proyecta, recuerda, una ley de Servicios y Colegios Profesionales “que amenaza con la ruptura de la profesión de abogado, reduce la autonomía y funciones de los colegios, actúa sobre el importe de las cuotas y cuestiona el control deontológico”.

Pero aún hay más reformas con las que los letrados no están de acuerdo: la ley de Jurisdicción Voluntaria, que traslada competencias judiciales a notarios y registradores, y la ley de Registro Civil, que privatiza el servicio.

Finalmente, concluye, el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que plantea unos Tribunales de Instancia “que amenazan con centralizar en las capitales de provincia los órganos judiciales en detrimento de una justicia de proximidad, y que promueve la posibilidad de que la sede de Burgos quede relegada a un segundo plano en la organización territorial de la Justicia en nuestra Comunidad”.

Delgado lamenta que “todas estas leyes y proyectos se culminan sin diálogo, a pesar de que los abogados hemos reiterado en numerosas ocasiones nuestra disposición a discutirlas y negociarlas, así como la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia”.

“El diálogo es necesario para que las reformas en la Justicia no atenten contra el principio de tutela judicial efectiva”, añade, “con estabilidad y permanencia con independencia de los cambios electorales, aportando seguridad jurídica a ciudadanos, profesionales, empresarios y operadores jurídicos”. En su opinión, “cuando las reformas se imponen, sólo durarán lo que dure la fortaleza de quien las propuso”.