El Colegio de Abogados de Córdoba reclama la adopción urgente de medidas para frenar el alarmante retraso en la impartición de Justicia

• La demora en el señalamiento de actuaciones judiciales y la suspensión de juicios están provocando graves perjuicios tanto a los ciudadanos como a los abogados que defienden los intereses de los justiciables.

Ante el elevado número de abogados que ha transmitido su preocupación al Colegio de Abogados, por la demora en el señalamiento de determinadas actuaciones judiciales y la suspensión de juicios que se vienen produciendo en determinados juzgados de la provincia de Córdoba, la Junta de Gobierno acordó denunciar públicamente la caótica situación y los perjuicios provocados, así como reclamar ante las administraciones y organismos competentes la adopción urgente de cuantas medidas sean necesarias para subsanar las graves deficiencias de funcionamiento que afectan a los Tribunales de Córdoba.

La Junta de Gobierno considera inadmisible que en Córdoba se estén produciendo situaciones de demora como son señalamientos de juicios por despido a más de cuatro años vista; demandas por reclamación de cantidad presentadas en 2020, que aún están pendientes de señalamiento e incluso de que el juzgado las admita a trámite, algo que resulta especialmente perjudicial para los trabajadores y empresarios que no pueden ver atendidas sus demandas en un plazo razonable.

También arrojan una demora significativa en la jurisdicción Social las demandas en materia prestacional ante la Seguridad Social o por reconocimiento de incapacidad. De hecho, en noviembre de 2020 determinados juzgados de Córdoba ya señalaban este tipo de procedimientos a 22 meses vista.

Además, resulta llamativo que existan procedimientos relativos a cláusula suelo y préstamos hipotecarios iniciados en 2017 y 2018, cuya audiencia previa está señalada para 2023, casi con cinco años de demora.

En concreto, la Junta de Gobierno considera especialmente preocupante que se estén suspendiendo juicios, apenas dos días antes de su celebración, dejando pendiente un nuevo señalamiento, fundamentados en la sobrecarga de trabajo que pesa sobre el juzgado y en problemas de agenda. Sobre todo, cuando a determinadas abogadas se le ha denegado el aplazamiento de un juicio con nuevo señalamiento por razón de maternidad, pese a estar previsto el juicio en fechas cercanas al parto y haberlo solicitado con suficiente antelación, vulnerando el derecho a la conciliación familiar de estas profesionales.

Los motivos que están provocando que determinados procedimientos se eternicen son de sobra conocidos. La endémica falta de medios materiales y personales que padece la Administración de Justicia, unida a la existencia de un número de órganos judiciales por debajo de lo estimado como necesario, así como la alta litigiosidad están detrás de estos retrasos.

Si bien, como era de esperar, la situación se ha agravado en los últimos meses, sobre todo a causa del incremento de procedimientos derivados de la crisis sanitaria, en su mayoría relacionados con la jurisdicción Social. Y ello, a pesar de que los sucesivos planes de choque de reactivación de la actividad de la Administración de Justicia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por los que se están autorizando servicios extraordinarios en los juzgados de toda Andalucía, que a todas luces están resultando insuficientes.

Ante esta realidad, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba manifiesta su más enérgica protesta por una situación que ya supera todos los límites tolerables para un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, afectando en muchos casos al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que exige de los Juzgados y Tribunales una respuesta a las demandas de los ciudadanos en un tiempo razonable.