El Colegio de Abogados de Jaén pone en marcha una Oficina Intermediación Hipotecaria

 El Colegio de Abogados y la Diputación Provincial de Jaén han firmado un convenio para poner en marcha una Oficina de Intermediación Hipotecaria que ayude a frenar los desahucios de viviendas en la provincia de Jaén. El acuerdo ha sido suscrito por el decano del Colegio de Abogados, Vicente Oya, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, en el Aula de Cultura del Palacio Provincial.

Oya se ha mostrado muy satisfecho de la firma de este acuerdo, que va a permitir que el Colegio esté junto a la ciudadanía y pueda ayudar a las personas que tienen problemas. La Oficina de Intermediación Hipotecaria, que va a estar atendida por abogados expertos en la materia, contará con personal en Jaén, Linares, Úbeda, Alcalá la Real y Andujar, es decir, aquellas ciudades en las que el Colegio de Abogados posee una sede. El decano ha explicado que, a partir de la próxima semana, las personas interesadas en acceder a esta Oficina podrán rellenar una ficha explicando su caso, un documento que se hará llegar a los 97 ayuntamientos de la provincia y a las asociaciones de consumidores. Posteriormente, se realizará una selección de los casos que se van a atender por una Oficina que empezará a funcionar en los próximos días.

Además, Oya ha dejado claro que la reunión de hoy entre PP y PSOE para cambiar la Ley que regula los desahucios “no hace que este problema quede aparcado, ya que las familias van a seguir necesitando asesoramiento especializado para evitar quedarse sin su vivienda”. También ha explicado que esta Oficina no se va a limitar a informar, sino que el abogado estará a disposición de las personas afectadas para personarse en el Juzgado o para negociar con la entidad financiera.

Por su parte, Francisco Reyes, ha señalado que la Diputación Provincial de Jaén realiza una aportación de 36.300 euros para el funcionamiento de esta Oficina durante el primer año. “Este convenio nos va a permitir paliar un grave problema que está afectando a muchas familias jiennenses, hablamos de un drama social que puede conducir a la exclusión social. En toda la provincia se calcula que puede haber 3.000 familias con riesgo de perder su vivienda habitual”, ha incidido. Además, se ha mostrado satisfecho de que esta Oficina vaya a beneficiar a ciudadanos de los 97 municipios de la provincia y se ha mostrado satisfecho de que la Administración Provincial pueda ayudar a poner solución a un problema que preocupa mucho a los ciudadanos en este momento.

El COLEGIO DE SALAMANCA SE SUMA A LA INICIATIVA

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Salamanca, en respuesta a la demanda social de actuaciones en materia de ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual,acordó ayer por unanimidad poner en marcha, a la mayor brevedad posible, un Servicio de Orientación Jurídica especializado en esta materia, facilitando previamente a los letrados que lo integren una formación específica a tal fin.

Para ello, se dirigirán a las entidades financieras con las que el Colegio mantiene relación comercial, a fin de instarles a la paralización de todos los lanzamientos previstos, así como la suspensión de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual en curso, en los que el deudor se encuentre en situación de desempleo o en circunstancias de extrema necesidad, haciendo extensible este requerimiento a todas las entidades financieras.

En segundo lugar, acordó ofrecer los servicios del Colegio de Abogados a los operadores económicos financieros para actuar como mediador en el inicio de los procesos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual, paraa buscar soluciones alternativas a este problema.

UN SERVICIO GRATUITO PARA EL CIUDADANO

La Abogacía puso en marcha en enero de 2012 la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria en la ciudad de Terrassa, fruto de un convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de la ciudad catalana.

A esta iniciativa se sumaron más adelante los colegios de Jerez, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Girona, Manresa, Granollers, Ourense, Pontevedra, Zaragoza, Valencia, Castellón, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel, Pamplona y Jaén. Otros, como Barcelona, Tarragona, o Bizcaia están llevando a cabo diversas gestiones para su entrada en funcionamiento.

En estas Oficinas, los abogados ofrecen, de manera totalmente gratuita para el usuario,  un servicio de información, asesoramiento y soporte a las personas que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios y están en riesgo de perder su vivienda habitual. La intermediación facilita la comunicación entre la parte deudora y la entidad financiera para encontrar una solución antes de una demanda de ejecución hipotecaria o durante el proceso de ésta.

También se da asesoramiento a aquellas personas que, aunque no hayan dejado de pagar, necesitan información de las posibilidades y las consecuencias derivadas de un posible impago, o en aquellas situaciones en las que se prevé que no se podrán pagar las cuotas y se requiere intermediación con la entidad financiera con el fin de conseguir mejores condiciones para continuar pagando.

Se facilita, por tanto, información y asesoramiento desde la perspectiva legal, a la vez que se media con la otra parte interesada.

Los objetivos que se persiguen son:

–       Plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas y eviten los procesos de ejecución hipotecaria

–       Negociar medidas alternativas a las dificultades derivadas del impago que faciliten que las personas afectadas puedan conservar la vivienda

–       Evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios

Ya se han obtenido los primeros resultados del servicio y son muy favorables. En los primeros meses de funcionamiento de la Oficina de Terrassa se han alcanzado porcentajes de éxito del 68%, con acuerdos beneficiosos para los deudores, como daciones en pago con alquiler social posterior, refinanciamiento con carencias, refinanciamiento sin carencias, etc. El coste medio de cada expediente cerrado ha sido de 166,01 euros, que en ningún caso paga el usuario del servicio.

Frente a esos 166 euros de coste por expediente, estarían los 3.000 euros de coste de todo el proceso judicial hipotecario (tasa, aranceles, mandamientos registrales y honorarios) y el coste que todo el expediente judicial le supone al Estado, que hasta no hace mucho el Ministerio de Justicia cifraba en otros 3.000 €.

Es decir, 166 euros frente a 6.000, sin olvidar el grave coste social y económico para los afectados y las cargas para la Banca y el Estado.