El Colegio de Abogados de Melilla presenta una queja al Defensor del Pueblo por la devolución de migrantes a Marruecos

• Según la institución, el Gobierno no les facilitó que otorgaran poder apud-acta en los juzgados y, en consecuencia, se les impidió su “derecho fundamental” de acceso a la justicia
• Un total de 32 abogados del turno especializado de extranjería y protección internacional del organismo asistieron a los migrantes durante la tarde del domingo 21 de octubre 

El Colegio de Abogados de Melilla ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la vulneración del derecho de acceso a la justicia de los 55 migrantes que fueron devueltos de manera ‘exprés’ a Marruecos tras saltar la valla fronteriza. Según la institución, el Gobierno no les facilitó que otorgaran poder apud-acta en los juzgados y, en consecuencia, se les impidió su “derecho fundamental” de acceso a la justicia.

La devolución de estas 55 personas al reino alauí se produjo el 22 de octubre, en aplicación del acuerdo de readmisión firmado en 1992 entre el Gobierno español y el marroquí. Un día antes, un total de 209 personas lograron saltar la valla de Melilla, pero ese más de medio centenar fue expulsado en menos de 24 horas al no solicitar asilo en España.

La queja fue enviada el viernes 2 de noviembre a la Oficina del Defensor del Pueblo. En ella se expone que la falta de apoderamiento apud-acta “trae como consecuencia que a los letrados no les sea posible iniciar acciones judiciales contra esta devolución” ni ejercitar “cuantas acciones judiciales fueran necesarias”.

“Ello supone una vulneración del artículo 24 de la Constitución española al impedirles acceso a los Juzgados y a los Tribunales, situación irremediable ya que no se encuentran en territorio nacional”, señala el escrito.

En declaraciones a Europa Press, el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, ha asegurado que el mismo día del salto de la valla manifestó a la Delegación del Gobierno en Melilla la necesidad de trasladar de forma inmediata a los migrantes que fueran objeto de expediente de devolución al Juzgado de Guardia para el otorgamiento de poder apud-acta. “No les llevaron. Ejecutaron el tratado de readmisión sin que pasaran por los juzgados”, ha aseverado.

Asimismo, ha asegurado que el mismo día de la expulsión ya expresó verbalmente a la Oficina del Defensor del Pueblo su malestar por “limitarse su acceso a la justicia”. Tras aprobarlo la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Melilla, la queja se ha formalizado por escrito.

“DESCONOCÍAN” LA EXPULSIÓN INMEDIATA

El decano ha afirmado que los abogados desconocían la intención del Gobierno de aplicar el acuerdo de readmisión con Marruecos a este más de medio centenar de migrantes, si bien existía el precedente del último salto masivo a la valla de Ceuta el pasado mes de agosto cuando se reactivó este pacto bilateral y se aplicó a 116 personas. “Se podía intuir por la velocidad del proceso, pero no era seguro”, ha puntualizado.

Esta rapidez no ha sido “absolutamente excepcional”, pero, según ha admitido, hacer este proceso “con tanta velocidad y a tantas personas no es lo habitual ni muchos menos”. Imbroda sostiene que el trabajo de los letrados es la identificación para proceder o no a la apertura del expediente de devolución, “que es lo que se ha hecho siempre”, pensando en que luego se recurren y, mientras tanto, algunos migrantes se quedan en Melilla o son trasladados a la península.

ASISTENCIA LETRADA “ADECUADA”

En cualquier caso, el decano ha defendido que la asistencia letrada que recibieron los migrantes fue “la adecuada”, pese a la celeridad con la que se llevó a cabo. Se garantizó el acceso a un procedimiento individualizado, que es obligatorio para la identificación adecuada de los migrantes, especialmente de los potenciales solicitantes de asilo, y para la apertura de un expediente de devolución.

En concreto, un total de 32 abogados del turno especializado de extranjería y protección internacional del organismo les asistieron durante la tarde del domingo 21 de octubre y hasta aproximadamente las 5. 00 de la madrugada. Unos 29 abogados efectuaron las asistencias de 6 inmigrantes cada uno y los 3 últimos abogados 7 asistencias cada uno.

En este sentido, ha dicho que “ni las horas ni las circunstancias” fueron “las más idóneas”, pero ha insistido en que están “satisfechos” porque la asistencia se prestó “bien”, “pese a las dificultades”. En la queja presentada al Defensor del Pueblo, también pide apoyo al defensor para que el Colegio de Abogados de Melilla tenga un Servicio de Orientación Jurídica dentro del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Se trata de una petición que se ha realizado “reiteradamente” sin que ninguna Administración haya dado una “respuesta favorable”, según ha lamentado Imbroda. “Sería positivo para facilitar toda la comunicación con los internos”, ha declarado.