El Colegio de Abogados de Sabadell exige la puesta en marcha de dos nuevos juzgados

• La institución colegial espera que este aplazamiento acabe por no concretarse y que los dos juzgados se pongan en funcionamiento el 31 de diciembre

El Colegio de Abogados de Sabadell ha manifestado su malestar y disconformidad con el retraso anunciado en la implantación de dos nuevos juzgados de primera instancia previstos para este año en el partido judicial de Sabadell, exigiendo su puesta en marcha inmediata.

Desde la institución colegial han recordado que los juzgados de primera instancia número 9 y 10 de Sabadell tenían que entrar en funcionamiento el próximo 31 de diciembre de 2018. “Ahora, por vía del Consejo de la Abogacía Catalana, se nos ha informado de que esta fecha se atrasará hasta 2019, sin más concreciones”, manifiesta el vicedecano de la institución y responsable de Relaciones con la Administración de Justicia, Josep Farnés.

En este sentido, el colegio catalán señala que el Departamento de Justicia de la Generalitat aduce ante el Ministerio de Justicia no poder garantizar la adecuada dotación de medios para la entrada en funcionamiento de los nuevos órganos en la fecha inicialmente programada.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Sabadell, Manolo Hernández señala que “hay que recordar que hace casi un año que se aprobó la creación de estos órganos, de vital necesidad para el desarrollo de un acceso a la Justicia real y efectivo en nuestro partido judicial”. Añadiendo que “parece tiempo más que razonable para haber dotado los mismos de los medios materiales y humanos necesarios”.

Por todo ello, el Colegio ya dirigió una carta a la Conselleria de Justicia el pasado mes de julio interpelando al Departamento sobre esta cuestión, dado que el aplazamiento sería “una noticia de extrema gravedad”. La institución señala que esperan que este aplazamiento anunciado acabe por no concretarse y que, finalmente, los dos juzgados se pongan en funcionamiento el 31 de diciembre, tal como estaba previsto por la propia Conselleria en la Orden JUS / 1277/2017, de 22 de diciembre.