El Colegio de Barcelona denuncia la inmediata implantación de tasas en el registro civil

• Se trata de una tasa que gravará con 100 € los expedientes de nacionalidad para los sefardíes originarios de España y que se pretende aplicar a cualquier expediente de nacionalidad por residencia
• El Colegio de Abogados de Barcelona muestra su preocupación por el precedente que puede conllevar la aprobación de una tasa en el Registro Civil

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) alerta de la más que probable implantación de tasas judiciales en el registro civil, si el próximo jueves, 28 de mayo, se aprueba durante la votación en el Pleno del Senado del Dictamen el proyecto de Ley que prevé la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen esta condición y su vinculación especial en España, y que se presentó hace más de un año en el Congreso.

Aunque el texto será retornado al Congreso, la votación tiene una especial importancia para la implantación, por primera vez, de una tasa en el Registro Civil.

Este proyecto de ley fue presentado en su momento por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y pretendía implantar una tasa para todos los expedientes de concesión de la nacionalidad por residencia (u otros supuestos como el que ahora se aprobará). La tasa prevista era de 75 €.

Sobre la tasa, cabe destacar que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso enmendó el proyecto inicial, suprimiendo la tasa que inicialmente se había previsto. Este cambio de criterio nunca se justificó abiertamente, aunque después se ha hecho evidente que derivaba de la voluntad del Ministerio de Justicia de traspasar la gestión del Registro Civil a los Registradores mercantiles (como proclama la Ley 18/2014, de 15 de octubre), porque estos ya cobrarían el arancel correspondiente cuando se llegara a aprobar.

Ahora que el citado Ministerio ha manifestado públicamente que descarta la gestión externa, es decir, el traspaso a los Registradores, reaparece la tasa. Aunque ésta sólo afectará a los expedientes de nacionalidad que regula el proyecto de ley (sefardíes que se acojan a sus previsiones), se incrementa sobre aquella previsión inicial del proyecto, pasando de 75 a 100 €.

Esta previsión se reproduce en las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso acaba de formular a otro proyecto de ley (Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil), de forma que cualquier expediente de solicitud de nacionalidad española por residencia (no sólo el caso apuntado de los sefardíes originarios de España) estaría gravado con una tasa de 100 €.

El decano del ICAB, Oriol Rusca, califica este hecho de “preocupante” porque “parece que el Ministerio de Justicia empiece a dibujar un modelo de Registro Civil que se quiere financiar con tasas. Parece que se quiera añadir un copago por uso en un servicio público como es el Registro Civil cuando el ciudadano tenga que utilizarlo ” y añade:” desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona desaprobamos y rechazamos que el nuevo modelo de Registro Civil tenga que financiarse con tasas a costa de los ciudadanos, que ya pagan sus impuestos por el funcionamiento de este servicio público. Por ello, consideramos que el establecimiento de esta tasa es un precedente muy preocupante“.

Desde esta corporación también se denuncia que la tasa concreta que se pretende implementar a través de este proyecto de ley no se adecua a las previsiones del ordenamiento jurídico. Hay que recordar que la Ley de tasas y precios público (Ley 8/1989) exige que toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa incluya los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria económica-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa que se propone. Ninguna de estas previsiones se cumple en el caso presente y, en consecuencia, debemos denunciar que su implantación resulta irregular y no se adecua a las previsiones normativas del ordenamiento español.