El Colegio de Barcelona rechaza los tratados TTIP y TISA porque debilitan los derechos y libertades de los ciudadanos

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) quiere poner de manifiesto su rechazo a los acuerdos sobre comercio de servicios (TISA) y sobre la negociación Transatlántica entre Estados Unidos y Europa (TTIP) tanto por la forma como por el contenido los mismos.

Estos tratados promueven una desregulación que deja en segundo plano las normativas estatales y parlamentarias y a la vez van en detrimento de los derechos de las personas. Por ello, el decano del Colegio y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía, Oriol Rusca, alerta de que muchos de los servicios básicos de una sociedad del bienestar como la salud, la seguridad o la justicia se podrían privatizar, pero el principal peligro, es que “ambos acuerdos (TTIP y TISA) suponen un cambio de modelo que promueve que los prestadores de servicios se basen en criterios mercantilistas y dejen de lado los valores que realmente tienen que mover el ejercicio de profesiones liberales como son la confianza, la honestidad y la lealtad“.

En este sentido Rusca pone el ejemplo de que un abogado debe aconsejar pensando en lo que es mejor para su cliente, al igual que un médico debe proponer el mejor tratamiento factible para el paciente. Es decir “los profesionales no se pueden mover estrictamente por razones económicas porque esto va en contra de su código deontológico y traiciona la confianza necesaria que debe existir entre el profesional y el ciudadano, lo que puede provocar inseguridad y desconfianza de las personas hacia los profesionales. Si cambiamos estos principios esenciales por las reglas del negocio es evidente que los principales perjudicados serán los ciudadanos. Nuestra profesión es un servicio a las personas“. Por este motivo Rusca también ha querido destacar el papel de los Colegios profesionales, ya que estas corporaciones “son las encargadas de organizar y ordenar la profesión, junto con el control deontológico“.

En el ámbito profesional, estos tratados también dan total libertad a las empresas, por lo que en un país podrían ejercer profesionales de otro país sin tener en cuenta la normativa y las garantías de calidad que se exigen para este ejercicio. Ante este hecho Rusca afirma que “a la abogacía no le asusta la competencia sino la posible pérdida de valores en el ejercicio de la profesión“.

Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona también se alerta de que estos tratados supondrán para el consumidor el fin de la protección como la entendemos actualmente: “Estos acuerdos son un ataque a la democracia, al Estado de Derecho, y en definitiva, a la soberanía de los ciudadanos“.

También se debe tener en cuenta que estos acuerdos permitirán la expansión de la práctica de establecer penalizaciones importantes para los Estados, como las recogidas en las cláusulas del caso ‘Castor’ que han supuesto para España, y por extensión a la ciudadanos, tener que asumir indemnizaciones muy elevadas en favor de empresas privadas.

Otro ejemplo sobre los efectos en los consumidores que se derivarán de estos tratados es que las demandas por un servicio prestado de forma incorrecta podrían presentarse de forma obligatoria en la dirección donde esté ubicado el prestador de servicios e incluso tendrán que someterse a las leyes de este país. En el caso de una contratación a un joven podría darse el caso de trabajar en un país con la legislación laboral de otro Estado.

Ambos tratados también atentan contra los actuales mecanismos de control de los datos personales y de privacidad, que quedarían sujetos a la jurisdicción y criterio de la empresa y no del usuario, como ocurre actualmente.

Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona también se critica la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones, pues hace cuatro años que Estados Unidos está negociando con diferentes estados de Europa en secreto. “Si no hubiera sido por las filtraciones de Wikileaks, aún dispondríamos de menos información de la que tenemos actualmente” argumenta Rusca y añade: “esta falta de transparencia y opacidad pone de manifiesto la desconfianza que los propios firmantes tienen sobre los efectos reales de estos acuerdos sobre los ciudadanos. Si se hace de esta manera es que los acuerdos responden a intereses estrictamente especulativos y no interesa hacerlos públicos“.

Por eso desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se insta a los gobiernos y a los partidos políticos a trabajar de forma conjunta para evitar que los grupos de presión de los Estados Unidos consigan que los distintos países de Europa deban someterse a una nueva legislación de acuerdo con los intereses de empresas privadas y en detrimento de los derechos de las personas.