El Colegio de Bizkaia busca soluciones para los deudores hipotecarios

Bajo el título, “Propuestas de actuación en el ámbito de la protección de deudores hipotecarios”, el Colegio de Abogados de Bizkaia (ICASV) ha celebrado hoy una jornada en la que han participado distintos colectivos e instituciones con el objetivo de “profundizar en las actuaciones de defensa y protección de las familias sobre-endeudadas, que pueden verse inmersas en el riesgo de pérdida de su vivienda y con una deuda posterior que les lleve al riesgo de la exclusión social”.

Para ello, el Colegio ha organizado una jornada práctica que ha abordado la problemática de las ejecuciones hipotecarias desde todas las perspectivas posibles, invitando para ello a todas las instituciones que pudieran aportar alguna iniciativa, que contribuyera a solucionar la situación legal de las personas en riesgo de desahucio.

Nazario de Oleaga, Decano del ICASV, y Juan Luis Ibarra, Presidente del TSJPV han sido los encargados de realizar la apertura de la jornada que ha versado sobre un problema que afecta cada vez a un mayor número de familias.

Entre los asistentes invitados han figurado Juan Calparsoro, Fiscal Superior del País Vasco; Ramón Palomino, Asesor del Departamento de Justicia de Gobierno Vasco;  Mª José Fernández de Landa, representante del Ararteko; Marcos Muro, director de Viviendas Municipales de Bilbao;  Carlos Ballugera, registrador de la propiedad; Vicente Mª del Arenal, notario de Bilbao; Josu Bergara, representante de Eudel y Alcalde de Sestao; Marta Uriarte, representante de Stop Desahucios; Luis María Cordero, abogado y representante del Colegio de Abogados de Bizkaia, y representantes de los grupos políticos de EAJ-PNV, PSE, PP, EH-Bildu y UPyD.

El objetivo de la jornada era ante todo “no quedarse en un análisis teórico, sino conseguir la aportación desde el ámbito competencial de cada institución, de medidas a corto plazo, prácticas y efectivas que puedan ayudar a las familias a conseguir una solución razonable a la situación de sobreendeudamiento”, asegura Nazario de Oleaga, Decano del ICASV. “Para ello, el colegio se encargará en los próximos días de elaborar tras la jornada un Documento Marco, que aglutine todas las aportaciones y soluciones planteadas, y que pueda presentarse después a las Administraciones”, añade de Oleaga.

CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN

Durante la jornada se ha comentado que desde las más variadas instituciones, públicas y privadas, desde organizaciones sociales y operadores jurídicos se habían efectuado llamamientos para conseguir un cambio en la legislación, tanto hipotecaria, como procesal o concursal, o bien incluso se habían planteado propuestas como la dación en pago. No obstante, según han apuntado, este cambio normativo se había producido de manera muy limitada y sin haber dado una solución efectiva a la mayor parte de los casos, con un mayor número de deudores y familias afectadas, en importante riesgo de exclusión social.

Según el Decano, “desde el Colegio de Abogados entendemos que todas las actuaciones que puedan llevarse a cabo desde cualquier institución son necesarias a la vez que, desgraciadamente insuficientes, en la mayor parte de los casos por faltar una labor de coordinación. Por ello, el Colegio de Abogados se pone a disposición de los agentes implicados para coordinar la actuación de las instituciones y organizaciones competentes en esta materia, y ofrecer su apoyo tanto en el asesoramiento previo y posibles negociaciones con la entidad bancaria, así como cuando éstas concluyan en procedimiento judicial”.

Durante su intervención, Juan Luis Ibarra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha subrayado que “nos toca, no sólo a los jueces sino, también, a los abogados, notarios, registradores de la propiedad y hasta a los fiscales, hacer un derecho vivo, un derecho viviente, que se adecúe a la realidad de las personas sobre-endeudadas de buena fe a las que los efectos sobre el empleo generados por la crisis les ha colocado en unas condiciones de extraordinaria vulnerabilidad.”

“Si la crisis económica justifica el rescate supermillonario de las entidades bancarias afectadas por los efectos financieros del estallido de la burbuja inmobiliaria, con mayor razón debe dotar de legitimidad al rescate de las familias que, en ese mismo contexto, se encuentran en riesgo de ver ejecutada su vivienda habitual”, añadió Ibarra. Por todo lo anterior, según Ibarra, “el reto para los juristas es aportar las técnicas de interpretación y los recursos de argumentación jurídica que consigan alumbrar un buen derecho para afrontar este tipo de conflictos. Un buen derecho en el que queden preservadas la dignidad de las personas endeudadas de buena fe y sus derechos humanos”.

En este sentido, se buscan sólidas herramientas de defensa para la obtención de resoluciones judiciales pioneras en este campo que permitan ampliar los criterios utilizados hasta ahora. El abogado, Luis María Cordero, ha explicado hoy que la legislación actual no protege a los afectados; a su juicio la única vía que les queda a estos ciudadanos es que las entidades acepten acuerdos de refinanciación, quitas o daciones en pago de una forma voluntaria y en el caso que se inicie un procedimiento judicial y se produzca la adjudicación de la vivienda a la entidad, se acepte el alquiler del inmueble a los deudores, con una renta razonable.

El siguiente reto pasaría por evitar que el banco siga ejecutando la deuda que no resulte cubierta tras la entrega del piso, lo que equivale a la dación en pago. “Debemos velar por los derechos de los afectados y evitar que queden condenados de por vida a la exclusión social; un hecho relativamente sencillo si se quedan sin casa, con una deuda elevada todavía pendiente y sin recursos. Nuestra misión es convencer a los jueces y a las propias entidades bancarias de la importancia de ofrecer una segunda oportunidad a los deudores de buena fe”, subraya Cordero.

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA CONSUMIDORA

Por otra parte, el registrador de la propiedad Carlos Ballugera ha comentado durante su ponencia algunas de las iniciativas que proponen  los registradores en defensa de los deudores hipotecarios, entre las cuales figuran la aportación de recursos financieros públicos y privados, la codificación de la regulación de protección y transparencia con rango legal y la creación de una Agencia de Protección de la Persona consumidora.

Entre las aportaciones propuestas por  Mª José Fernández de Landa, representante del Ararteko, se encuentra “la necesidad de profundizar en los mecanismos y vías de mediación entre las entidades financieras y las personas afectadas, para que se favorezcan las opciones de refinanciación de la deuda pendiente u otras que tiendan a evitar la subasta de la vivienda, que devendría siempre en la última opción a aplicar. A nuestro juicio, se debería, en todo caso, favorecer que la familia no abandonara la vivienda en la que reside.”

Desde el Ararteko también se propone la reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el bien hipotecado es tan básico como la vivienda habitual. “Creemos que es necesaria la modificación de la legislación concursal, con el fin de introducir restricciones al principio de responsabilidad universal en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas”, afirma Mª José Fernández de Landa. Por otra parte, añade, “sería conveniente regular el sobreendeudamiento familiar, así como también impulsar la coordinación de todos los agentes públicos implicados en la CAV (Servicio de mediación, Departamento de vivienda y Servicios sociales), y apostar de una manera particularmente decidida, por el arreglo amistoso del sobreendeudamiento, a través de la reestructuración negociada de la deuda”, concluye Fernández de Landa.

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA

Una jornada en la que también se han analizado las experiencias de los servicios de carácter extrajudicial que han promovido diferentes administraciones para la defensa de las personas en riesgo de desahucio, o que ya hayan perdido su vivienda por no poder pagar la hipoteca. Entre ellos, destacan los servicios que a nivel estatal se están desarrollando desde las Administraciones en colaboración con los Colegios de Abogados o el servicio de intermediación hipotecaria creado recientemente por el Gobierno Vasco.

Se ha destacado la necesidad de reorientar dicho Servicio que desde su creación, a juicio de los propios afectados, ha demostrado escasos resultados y una importante carencia ya que ofrece una visión sólo económica del problema, omitiendo la parte legal y jurídica. Por ello, se ha coincidido en la creación de un sistema de intermediación hipotecaria entre deudores y entidades bancarias que resulte efectivo, creando una ventanilla única, y que sea interdisciplinar y esté coordinado por diversas Entidades, Gobierno Vasco, Colegios de abogados y Ayuntamientos.

La finalidad sería dar soluciones que sean integrales para la familia, incluyendo: la asistencia jurídica en todas las fases, desde la negociación previa con la entidad financiera, hasta la intermediación-negociación y, en su caso, en el posterior procedimiento judicial. En todo el proceso se trataría de buscar una solución de vivienda, bien mediante negociación con la entidad para conseguir la permanencia de la familia en su vivienda o, bien facilitando una vivienda pública en régimen de alquiler social conforme a las disponibilidades de las Administraciones, y, en su caso, facilitando la concesión de ayudas sociales.