El Colegio de Jaén acudirá a los tribunales si la Junta incumple el calendario de pagos del Turno de Oficio

El Colegio de Abogados de Jaén acudirá a los tribunales en el caso de que la Junta de Andalucía incumpla el calendario de pagos al que acaba de comprometerse el consejero de Justicia en relación al Turno de Oficio, ya que la Administración andaluza debe gran parte del año 2012 a los letrados jiennenses y andaluces. Esta determinación, acordada en la última reunión del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, señala que también se verán obligados a dejar de prestar los servicios relacionados con la Asistencia Jurídica Gratuita si no llegan los pagos prometidos.

Además, el Colegio se verá obligado a reducir a la mitad a partir de esta misma semana el trabajo administrativo relacionado con el Turno de Oficio debido a esta deuda, ya que la Junta de Andalucía no quiere pagar el 50 por ciento de los Gastos de Funcionamiento que todavía debe del año 2012. De esta forma, el Colegio de Abogados de Jaén se ve forzado a adecuar la prestación de estos servicios al pago recibido, por lo que la tramitación de expedientes de solicitud de abogados de Turno de Oficio y el nombramiento de letrados, que se venía efectuando de lunes a viernes de 9 a 14 horas, se realizará sólo durante dos días y medio por semana. El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, señala que el Colegio se ve obligado a esta reducción. “No disponemos de dinero para poder seguir prestando los servicios como antes”, ha apuntado.

La Consejería de Justicia e Interior se ha comprometido por escrito con los Colegios de Abogados de Andalucía a efectuar tres pagos en los meses de febrero, marzo y abril para abonar las cantidades aún pendientes por el trabajo realizado en el año 2012. Oya advierte de que el incumplimiento de estos pagos por parte de la Junta de Andalucía dentro de los plazos establecidos motivará, de forma inmediata, la paralización de los servicios de forma automática, con la única excepción de aquellos que sean imprescindibles para garantizar los derechos de los ciudadanos.