El Colegio de la Abogacía de Barcelona alerta de las problemáticas derivadas de los tratados TTIP, CETA y TISA

• En el marco de una Comisión Parlamentaria en la que ha participado la abogada Blanca Padrós, por delegación del decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
• Los tratados TTIP, CETA y TISA debilitan los derechos de la ciudadanía, el medio ambiente y las actividades legislativas de as instituciones democráticamente elegidas.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha alertado en el Parlament de Cataluña sobre las problemáticas derivadas de los tratados sobre comercio e inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP), sobre comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA) y sobre servicios entre la Unión Europea, los Estados Unidos y de otros países del mundo (TISA), ya que estos pueden incidir de forma negativa en los derechos de las personas, el medio ambiente y el funcionamiento de los sistemas democráticos.

Ha sido en el marco de la celebración de “la Comisión de estudio de posibles impactos del TTIP, del CETA y del TISA en los diferentes ámbitos económicos, sociales, culturales y ecológicos” del Parlamento catalán y en la que ha participado como experta en la materia la abogada Blanca Padrós, por delegación expresa del decano del ICAB.

Padrós ha explicado que las principales problemáticas relacionadas con estos tratados en fase de negociación o de aprobación tienen que ver con la falta de transparencia en las negociaciones, el objetivo de los tratados de eliminar lo que llaman “barreras no arancelarias” (las cuales acaban correspondiendo a los derechos de la ciudadanía, de las personas trabajadoras, de las personas consumidoras y del medio ambiente, porque algunos las consideran barreras al libre comercio), las indemnizaciones por lucro cesante (que los Estados tienen que pagar a las empresas si éstas han obtenido menos beneficios de los previstos, por ejemplo debido a cambios legislativos protectores de derechos; estas indemnizaciones acaban recayendo en la ciudadanía, algo parecido a lo que ocurrió en el ámbito interno en el caso “Castor”), la resolución de los conflictos entre las empresas inversoras y Estados a través de tribunales arbitrales ajenos a las garantías jurisdiccionales, y la llamada “cooperación reguladora” o filtro previo a aquellas actividades legislativas que a criterio de determinados representantes y agentes puedan ser un obstáculo al libre comercio (y recordemos que las normas que previenen abusos son por definición límites u “obstáculos”).

Tanto en los tratados sobre comercio e inversiones como en el de servicios se extiende y se institucionaliza un modelo en el que los intereses puramente económicos tienen prioridad sobre la garantía de los derechos, los principios y los valores humanos, profesionales y democráticos.

Por eso desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se insta a los gobiernos y los partidos políticos a continuar trabajando de forma conjunta para evitar que los grupos de presión de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea consigan que los diferentes países de Europa deban someterse a los intereses de los negocios privados en detrimento de los derechos de las personas, del medio ambiente y del funcionamiento de las instituciones democráticas.

Comisión de trabajo

La Comisión de estudio de posibles impactos del TTIP, del CETA y del TISA en los diferentes ámbitos económicos, sociales, culturales y ecológicos con una participación plural y equilibrada de los sectores interesados” se ha constituido a raíz de la Resolución 289 / XI del Parlament de Cataluña sobre el Tratado transatlántico de comercio e inversiones y con la que se quiere promover la información y el debate sobre los tratados internacionales de comercio e inversiones en curso de negociación o de aprobación.