El Congreso convalida como proyecto de ley las medidas procesales y organizativas en la Justicia contra el Covid

• El ministro de Justicia prevé que el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción civil será del 145% en 2021

Finalmente el el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia se tramitará como proyecto de ley, aunque por el procedimiento de urgencia.

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el miércoles 13 de mayo el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril. La norma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá introducir modificaciones en su redacción, aunque su actual contenido estará en vigor durante el proceso de tramitación.

Durante su intervención ante el pleno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido a la Cámara un ejercicio de “responsabilidad colectiva” en la convalidación de la norma que “no es un decreto del Gobierno sino de todo el sector Justicia”.

El Real Decreto-ley aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la progresiva vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales priorizando la salud de los operadores jurídicos.

El Gobierno ha sacado adelante este miércoles en el Congreso de los Diputados su decreto anti-colapso de Justicia con mayoría absoluta, gracias a los apoyos de ERC y del PNV, frente a los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos y de los independentistas de Junts y la CUP. El texto será tramitado finalmente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que se abre la puerta a modificarlo vía enmienda.

El Pleno del Congreso ha convalidado el Real decreto-ley de medidas procesales y organizativas  con 178 votos a favor, 161 votos en contra y 10 abstenciones. Si bien, los partidos que han apoyado el decreto han exigido se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, algo que es bien visto por algunos sindicatos de la Administración de Justicia y de operadores jurídicos, que han criticado con dureza alguna de las medidas.

También ha sido una reclamación de los partidos que se han opuesto a la convalidación de la norma, y así se ha visto en una segunda votación para decidir si el decreto se tramita como proyecto de ley. Tan sólo ha contado con dos votos en contra y una abstención frente a 346 ‘síes’.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN POR CARECER DE PRESUPUESTO

Los grupos de la oposición han criticado duramente este miércoles en el Pleno del Congreso que el Real decreto-ley para evitar el colapso en el ámbito de la Administración de Justicia llegue sin ser negociado con la oposición, no contemple la inversión necesaria y que no haya tenido en cuenta la opinión de operadores jurídicos a la hora de adoptar medidas como la de la habilitación laboral de parte del mes de agosto.

CAMPO PREVÉ UN INCREMENTO DEL 145% DE ASUNTOS CIVILES

El ministro ha indicado que, a pesar de la notable ralentización que ha sufrido la actividad judicial como consecuencia de la crisis, “la Justicia no ha cerrado” y se han mantenido servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva. No obstante, se calcula que durante el periodo de alarma, las oficinas judiciales habrán reducido su trabajo al 20%, por lo que, con la vuelta a la normalidad, al volumen de litigiosidad normal, se sumará un 80% de trabajo que ha quedado pospuesto, además de los asuntos provocados por la crisis. Por eso, ha defendido el ministro, las medidas que contiene el Real Decreto-Ley “son clave para los próximos meses y años”.

Además, ha señalado la obligación que tiene el Gobierno “de poner todos los medios para reducir al máximo el impacto económico y social que nos golpeará durante los próximos meses” y hacer de la Justicia “un motor dinamizador de la economía”. Según las previsiones del Ministerio de Justicia, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social será en 2020 de hasta un 31%; en el ámbito civil, oscilará entre el 30% de 2020 y el 145% en 2021, mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa, se estima un incremento del 35% para 2020 y del 125% en 2021.

En relación a las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley, el ministro ha subrayado que su contenido “no afecta a ninguna materia reservada a ley orgánica” como deja claro la doctrina del Tribunal Constitucional. Entre sus medidas organizativas, Campo ha destacado la creación de Juzgados Covid-19 para reforzar los asuntos generados por la crisis, el establecimiento de refuerzos por parte de jueces de adscripción territorial y letrados de la administración de justicia en prácticas y la movilidad del personal entre órganos judiciales.

Sobre la habilitación de los días 11 al 31 de agosto, el ministro ha calificado la medida de “necesaria” para retomar la actividad y poner al día el servicio, y de “ejemplo de cogobernanza” porque responde a las propuestas de diversos sectores, incluidas muchas comunidades autónomas. Justicia y el CGPJ están trabajando para implementar esa habilitación excepcional sin perjudicar a los profesionales del sector. Campo ha subrayado que, como ocurre con otros sectores de la actividad, la Justicia “no puede permitirse reducir su actividad un mes entero”.

HOJA DE RUTA

El Real Decreto-Ley es el primer peldaño de la hoja de ruta para la desescalada en la Justicia, cuya primera fase se activó este martes, en la que se prioriza la reactivación del servicio “con todas las garantías necesarias para salvaguardar la salud de profesionales y usuarios”, ha señalado el ministro.

La hoja de ruta contempla además la elaboración de un proyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas para mejorar el funcionamiento del servicio público y afianzar su transformación digital. Asimismo, la norma apostará por la mediación como la forma más adecuada para resolver muchos conflictos.

Finalmente, el Gobierno pondrá en marcha planes de choque en las distintas jurisdicciones para abordar la situación generada por el parón de actividad y sus consecuencias económicas.