El Congreso pide al CGPJ una estadística “real” sobre litigiosidad

El Congreso de los Diputados ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a elaborar una estadística “real” de litigiosidad y medir de nuevo la carga de trabajo de los jueces, informa Europa Press.  Para el Partido Popular, es de “vital importancia” disponer de una estadística judicial fiable y precisa porque, a día de hoy, presenta una “profunda desproporción” en el cómputo del número de asuntos realmente tramitados, lo que “justifica una ficticia sobredimensión de la litigiosidad”.

Hay que recordar que el Consejo General de la Abogacía denunció en julio de 2013 que el número total de procesos tramitados supone aproximadamente un 20% de las cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según se desprende del informe ‘Situación actual de la Administración de Justicia en España: un análisis desde el Derecho Procesal’, elaborado por Gilberto Pérez del Blanco, doctor en Derecho, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid. Este informe fue un encargo del presidente de la Abogacía, preocupado por conocer las cifras reales de la Justicia, cuestión imprescindible para plantear reformas en este ámbito.  VER  NOTICIA 

El Congreso ha aprobado hoy esta  propuesta de resolución a la Memoria del CGPJ correspondiente a 2012 en el Pleno del Congreso.

Además, la Cámara Baja ha instado por unanimidad al CGPJ a velar “especialmente” por la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el nombramiento de cargos de la Carrera Judicial.

El Congreso ha aprobado también por unanimidad la propuesta de la Izquierda Plural que pide al CGPJ valorar la carga de trabajo que soportan los jueces para actualizar sus módulos de trabajo. Además, ha emplazado a este órgano a realizar un informe sobre el “elevado” volumen de sentencias no ejecutadas.

A tenor de una propuesta del Grupo Vasco enmendada por el PP, un total de 217 diputados han apoyado pedir al CGPJ que colabore en la reducción de la “exagerada” duración de los procesos judiciales y desjudicialice materias en que no esté en juego la tutela judicial efectiva para reducir la litigiosidad.

En este sentido, el Congreso también ha reclamado al órgano de gobierno de los jueces que fomente medidas alternativas en la resolución de conflictos y valore el impacto del trabajo de los jueces de adscripción territorial.

El Congreso ha mostrado al CGPJ su peocupación por la falta de compatibilidad entre los sistemas informáticos implantados en las distintas comunidades autónomas y le ha exhortado a colaborar con el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica para evitar las “graves disfunciones”, siguiendo la iniciativa de UPyD, enmendada por el PP.

QUIERE SABER EL IMPACTO DE LA LEY DE MEDIACIÓN

La mayoría absoluta del Partido Popular ha sacado adelante las propuestas del grupo, animando a actualizar el Modelo de Medición de Cargas de Trabajo de los juzgados ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial le obliga a elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, estos sistemas de “racionalización, organización y medición”.

En este sentido, ha emplazado a la institución, que dirige Carlos Lesmes, a estudiar el impacto de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles en la reducción de la litigiosidad y en la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.

Así pues, el Congreso ha invitado al CGPJ a trabajar con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y las comunidades autónomas con las competencias transferidas para conseguir a través de la Comisión Nacional de Estadística Judicial y, en su caso del Instituto Nacional de Estadística (INE), una Memoria con una tasa “real” de litigiosidad.

En su opinión, las próximas Memorias deben recoger también el seguimiento del Código Ético para la Carrera Judicial, que ha sido anunciado por el Consejo del Poder Judicial.

El Congreso ha lamentado el “excesivo” tiempo que ha transcurrido desde que el CGPJ cerró su Memoria de 2012 hasta que la llevó al Congreso de los Diputados este año. De este modo, pide agilizar su presentación ante las Cortes Generales y valorar la posibilidad de “compilar años judiciales, en vez de años naturales”.

Otra propuesta aprobada, a iniciativa de los ‘populares’, pide adoptar medidas para garantizar el “efectivo” cumplimiento del mandato legal que reserva a las personas con discapacidad un cupo no inferior al 5 por ciento en las convocatorias para el ingreso en la Carrera Judicial.