El Consejo de Europa pide retirar la reforma de Extranjería, que no garantiza Derechos Humanos

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, llama a España a “reconsiderar” la legalización de las devoluciones en caliente aprobada este jueves en el Senado porque “se queda corta” a la hora de establecer “garantías claras” contra las expulsiones colectivas y fijar “salvaguardas adecuadas” para el derecho de solicitar asilo.

En un comunicado, Muiznieks se refiere a la reforma de la Ley de Extranjería emprendida con la adición de una disposición a la Ley de Seguridad Ciudadana que ayer recibió el visto bueno del Senado con los votos del PP y que permitirá entregar sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en las vallas de Ceuta o Melilla sin que medie procedimiento administrativo.

El texto que viajará ahora al Congreso para su aprobación definitiva ampara la devolución en caliente bajo la figura jurídica del “rechazo en frontera” y recoge que se hará “respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”. No incluye la obligación de redactar un protocolo para regular la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vallas que estaba prevista y que tanto Muiznieks como el ACNUR venían recomendando.

“La aprobación en el Senado de la disposición adicional a la Ley española de Extranjería se queda corta en establecer garantías claras del principio de no devolución y contra las expulsiones colectivas, y en fijar salvaguardas adecuadas del derecho que tiene toda persona a solicitar y conseguir asilo independientemente del modo en que haya alcanzado territorio español”, dice el comisario.

En su opinión, las autoridades españolas deben “reconsiderar” la reforma porque “este nuevo marco jurídico tiene el potencial de abrir una brecha en las garantías que la comunidad internacional ha trabajado muy duro para conseguir establecer desde la Segunda Guerra Mundial”, cuando se introdujo el derecho de asilo en la Convención de Ginebra.

“Llamo a las autoridades españolas a reconsiderar esta enmienda. Mientras tanto, tienen que aplicarla en estricta conformidad con las previsiones de la legislación nacional que garantiza sin ambigüedades la prohibición de las devoluciones en caliente”, declara Muiznieks.

Asimismo, afirma que las autoridades tienen que “adoptar un protocolo que asegure que la policía española en las fronteras de Ceuta y Melilla cuenta con instrucciones claras sobre el modo de gestionar los flujos migratorios de acuerdo a los derechos humanos y a los estándares internacionales de protección de los refugiados a los que está sujeto España”.