El Consejo de la Abogacía apoya al SAOJI frente a la privatización del servicio en Aragón

El Consejo General de la Abogacía Española ha sido informado en fechas recientes de que el Gobierno de Aragón ha adjudicado el Servicio de Asesoría y tramitación de asuntos de extranjería en la Comunidad Autónoma de Aragón a una empresa privada en sustitución del SAOJI ® (Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes) del Consejo de Colegios de Aragón, entidad que lo venía desempeñando desde hace más de veinte años de forma altamente satisfactoria para los intereses de las personas migrantes y de la sociedad aragonesa.

Con esta decisión, basada únicamente en criterios economicistas, se ha roto una labor de más de veinte años ininterrumpidos de servicio a los inmigrantes, prestado por los letrados de los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, que suponía una referencia a nivel nacional, al ser una actuación pionera en la materia.

Estos compañeros han realizado su trabajo de asesoría y tramitación de asuntos relacionados con el derecho migratorio de forma entregada y absolutamente profesional, aunando su dilatada experiencia como letrados en materia de extranjería, con una continúa formación en cuantas novedades legislativas y jurisprudenciales se iban produciendo.

Y garantizando, con el apoyo y respaldo del Consejo de Colegio de Abogados de Aragón, que la asistencia jurídica que se prestaba era del nivel exigido por la defensa de un colectivo como el de los inmigrantes, que precisamente por ser especialmente vulnerable, requiere una sensibilidad y una defensa desde la protección de los derechos fundamentales entendida como un servicio público, y no meramente mercantil.

El Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su reconocimiento a la labor que ha venido realizando el SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION JURIDICA AL INMIGRANTE del Consejo de Colegios de Aragón, así como nuestra confianza en que un servicio como el descrito vuelva a ser prestado de nuevo por el SAOJI ®, con el respaldo de los Colegios de Abogados de Aragón, como garantía de una defensa profesional, libre e independiente de los derechos de los inmigrantes en esta comunidad.