El Consejo de la Abogacía de Castilla y León llama de nuevo a los decanos a movilizarse frente a las tasas

La Comisión Permanente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha acordado, en su última reunión, rechazar enérgicamente la Ley de Tasas judiciales cuya publicación se ha efectuado en el BOE el pasado 21 de noviembre.

La Permanente insta a los decanos de los nueve colegios de la Comunidad Autónoma a no cejar en su presión contra la implantación del denominado “tasazo”, organizando nuevas protestas el miércoles, 28 a las 13.30 horas, en las puertas de las sedes judiciales de cada Provincia, a las que se anima a los letrados a acudir vestidos con sus  togas, para a continuación, si el número de asistentes fuera significativo, dirigirse a la sede de la respectiva Subdelegación de Gobierno .

Al tratarse de una Ley rechazada unánimemente por todos los colectivos que integran la Justicia, la Permanente considera conveniente invitar al resto de operadores jurídicos a participar, para hacer ver al Ejecutivo que los abogados no están solos en la protesta.

El Colegio de Abogados de Segovia ha convocado ya una concentración a las 13.30, a las puertas del Palacio de Justicia y posterior marcha ante la Subdelegación del Gobierno de Segovia para manifestar y expresar su protesta y rechazo por la Ley de Tasas y exigir su retirada.

El Colegio de Valladolid ha citado a sus letrados, así como a los miembros de otros colectivos del ámbito jurídico que quieran sumarse, a la misma hora en la sede de los Juzgados de la calle Angustias.

Otros colegios, como los de Palencia, Burgos, Salamanca o Soria también han confirmado su intención de convocar a los letrados de sus provincias.

Los colegios han difundido, además, entre sus colegiados, un comunicado de la Abogacía Española en el que se plantean varias opciones de actuación por parte de los abogados al respecto de la que consideran “abusiva” implantación de las tasas.

En el comunicado, la Abogacía propone impugnar las tasas, bien negándose a su pago y planteando simultáneamente Cuestión de Inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, -lo que paraliza el procedimiento hasta su resolución por el juez o tribunal-, bien  pagando la tasa e interponiendo Reclamación Económico-Administrativa.