El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto para afrontar los pagos de la Asistencia Jurídica Gratuita

• Las cantidades adeudadas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2019 se abonarán en un único pago en las próximas semanas

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del 25 de febrero el Real Decreto que permitirá afrontar los pagos de la Asistencia Jurídica Gratuita superando así los obstáculos derivados de la prórroga de los presupuestos de 2018.

El Real Decreto aprobado, a través del cual se regula la concesión directa de subvenciones, cifra en 49,7 millones de euros el coste que este servicio tendrá en el ejercicio de 2020. El grueso de esa cantidad, 45 millones, corresponde a las transferencias que se realizarán al Consejo General de la Abogacía Española para el abono de los servicios prestados en la denominada zona Ministerio.

El resto corresponde a las cantidades que se transferirán con periodicidad mensual al Consejo General de Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la atención profesional a las víctimas de delitos. Las actividades realizadas en noviembre y diciembre de 2019 pendientes de pago serán abonadas en próximas fechas.

El importe máximo de estas subvenciones será el siguiente:

Al Consejo General de la Abogacía Española: 45.003.220 €
Al Consejo General de los Procuradores de España: 3.673.250 €
Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: 1.051.800 €

El pago de las subvenciones para la asistencia jurídica gratuita se realizará con periodicidad mensual. El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Colegios de Procuradores de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación con los datos relativos a las actuaciones realizadas por cada colegio en el mes anterior, junto con la justificación del coste económico asociado. En función de estas certificaciones, Justicia efectuará los libramientos mensuales que correspondan.

Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita