El Constitucional abre el acceso a justicia gratuita a personas con discapacidad por negligencias médicas

El Tribunal Constitucional ha abierto el acceso a la justicia gratuita a aquellas personas que, con independencia de su renta, hayan quedado discapacitadas por una negligencia médica.

El Constitucional ha acogido un recurso de amparo y ha dado la razón al padre de un adolescente con discapacidad como consecuencia de una mala praxis. El Colegio de la Abogacía de Madrid y un juzgado de primera instancia de Madrid le habían denegado el beneficio de la justicia gratuita, argumentando que según la ley actual solo se concede el derecho a quienes hayan sufrido una discapacidad causada por un accidente de tráfico.

Para el TC, esta interpretación  “limita el derecho a la justicia gratuita mediante una interpretación que incurre en una palpable desproporción”. Además, “el tribunal anterior no razona por qué se reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita con independencia de la existencia de recursos para litigar solo cuando la secuela permanente derive de un accidente de circulación”, dicen los magistrados.

“Supone un logro social, porque los afectados por negligencia médica o por cualquier otra agresión, que alcanzan una discapacidad, también son sujetos que han sufrido un accidente. Y por tanto, les permite el derecho de acceso a justicia gratuita que afecta a un derecho fundamental como es el acceso a la tutela judicial efectiva”, afirma Carlos Sardinero, abogado defensor.

El demandante solicitó el amparo con la finalidad de interponer una demanda de responsabilidad civil por el daño sufrido por su hijo por un retraso en el diagnóstico de una dolencia, que motivó la concesión de un 87% de discapacidad.

Para el letrado, “no se puede realizar una interpretación restrictiva del término accidente, porque la ley no lo hace. Por eso, el accidente se puede hacer extensivo a una negligencia médica, a un accidente laboral o incluso a una agresión física o moral que se sufra en cualquier circunstancia”, agrega.

“Esta persona puede tener recursos para litigar, pero quizá no los tenga para hacer frente a las elevadas costas, únicamente podría asumirlas con justicia gratuita”, argumenta Sardinero.

La asistencia jurídica gratuita está garantizada para aquellas personas que carecen de recursos económicos, pero también, independientemente de su renta, para las víctimas de violencia de género, menores y para las personas con discapacidad en determinados supuestos.