El Constitucional admite a trámite los recursos contra las tasas de Canarias y Aragón

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por los Gobiernos de Aragón y Canarias contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En el caso de Aragón, el recurso se centra en los artículos. 2.e) y 7 en relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés.

Por su parte, el Ejecutivo canario decidió interponer recurso el pasado mes de agosto al entender que la nueva ley establece unas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que considera lesivas del derecho a la tutela efectiva reconocido en la Constitución Española.

En declaraciones a los medios minutos antes del VIII Encuentro de Jueces Canarios, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, el consejero de Justicia del ejecutivo canario, Francisco Hernández Spínola, señaló que la Ley de Tasas “afecta a la tutela judicial efectiva, consagra una justicia para ricos y para pobres y limita el acceso a la justicia a muchísima gente que lo está pasando mal”, informa Europa Press.

El consejero resaltó la preocupación del Gobierno de Canarias por las reformas que está llevando a cabo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En este sentido, dijo que la Justicia es “un asunto de Estado” que tiene que ser tratado “de forma consensuada con todas las fuerzas políticas”, pues –en su opinión– “no es bueno que se aprueben leyes sólo por un partido político”.

Así, criticó la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha planteado el Gobierno, ya que “perturba la independencia del Poder Judicial, no cuenta con el respaldo de ningún grupo político en el Congreso –exceptuando el PP– ni la mayoría de jueces y magistrados, y le hace un flaco favor al funcionamiento de este órgano”.

Respecto a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, Spínola lamentó que ignore la realidad de Canarias al centralizar en las capitales de provincia las actuaciones jurisdiccionales. Si bien admite que hay que llevar a cabo una reforma, considera que ésta no se puede hacer en los términos de centralización que ha planteado el Gobierno del Estado.