03 enero 2013

El decano de Málaga defiende los derechos del abogado ante el delegado del Gobierno de la Junta andaluza

  • El 15 de enero es la fecha límite fijada por el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados para tomar medidas ante los retrasos del pago del turno de oficio.  
  • Se ha solicitado la mejora y dotación de medios tecnológicos a las dependencias de las que dispone la institución en la Ciudad de la Justicia. 

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara Peláez, se reunió el miércoles 2 de enero con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, en la sede del organismo autonómico.

En el encuentro que se enmarca en la ronda de reuniones que se están manteniendo con los representantes de las principales instituciones de la provincia, el Decano ha tratado personalmente temas que afectan a la abogacía tanto de la provincia como en el plano autonómico.

Concretamente se ha trasladado al máximo representante autonómico en Málaga que es especialmente preocupante para el colectivo de abogados la situación de los pagos que se devengan por la Junta, en lo que a los servicios de turno de oficio se refiere, pues el colectivo ha sufrido en los últimos años un empobrecimiento en las condiciones del ejercicio de su profesión. No sólo se ha rebajado el 10% y el 50% en los baremos que percibirán los letrados y en los gastos de funcionamiento, sino que el retraso en los pagos es destacado.

Ante dicha situación, Francisco Javier Lara ha manifestado al Delegado, que tanto por el Colegio de Abogados de Málaga, como el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados, se ha fijado como fecha límite el día 15 de este mes de enero para tomar medidas al respecto.

Como respuesta ante la importancia que el servicio de justicia gratuita tiene para muchos abogados malagueños, el delegado del Gobierno andaluz ha señalado que la Junta de Andalucía aprobó en el último Consejo de Gobierno de 2012 una modificación parcial del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, para garantizar el mantenimiento de este servicio y agilizar los pagos a los abogados y procuradores encargados de su prestación.

Uno de los cambios consiste en fijar en un máximo del 5% la cantidad que la Administración autonómica asume en los gastos de funcionamiento de los colegios de abogados y procuradores para hacer efectivo el servicio.

Además, José Luis Ruiz Espejo ha señalado que para agilizar las compensaciones económicas a los profesionales, la modificación normativa establece un sistema de pagos regulares y trimestrales, frente a la actual fórmula de abonar en dos plazos anuales.

Ambos representantes también han tratado otros temas, como las necesidades de la institución y los profesionales de la abogacía en cuanto a las dependencias de las que dispone en la Ciudad de la Justicia, ya que debido al cada vez más numeroso flujo de abogados y otros usuarios, se aconseja su mejora y dotación de medios tecnológicos.

 

Comparte: