El decano de Terrassa presenta las Oficinas Hipotecarias a la Defensora del Pueblo

El decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, presentó ayer a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, los avances de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, un proyecto de la Abogacía para asesorar a personas que tienen problemas para hacer frente a sus hipotecas.

En la reunión, también estuvieron presentes los dos adjuntos de la Defensora del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y Concepció Ferrer.

Sàmper explicó a la Defensora este proyecto iniciado por su Colegio en colaboración con el Ayuntamiento de Terrassa y que paulatinamente han puesto en marcha otros Colegios de Abogados como Jerez, Cádiz, Granada , Almería, Córdoba, Girona, Manresa, Granollers, Ourense, Pontevedra, Zaragoza, Valencia, Castellón, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel y Pamplona.

En estas Oficinas, los abogados ofrecen, de manera totalmente gratuita para el usuario, un servicio de información, asesoramiento y soporte a las personas que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios y están en riesgo de perder su vivienda habitual. La intermediación facilita la comunicación entre la parte deudora y la entidad financiera para encontrar una solución antes de una demanda de ejecución hipotecaria o durante el proceso de ésta.

También se da asesoramiento a aquellas personas que, aunque no hayan dejado de pagar, necesitan información de las posibilidades y las consecuencias derivadas de un posible impago, o en aquellas situaciones en las que se prevé que no se podrán pagar las cuotas y se requiere intermediación con la entidad financiera con el fin de conseguir mejores condiciones para continuar pagando.

Se facilita, por tanto, información y asesoramiento desde la perspectiva legal, a la vez que se media con la otra parte interesada.

RESULTADOS MUY FAVORABLES

Los objetivos que se persiguen son:

– Plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas y eviten los procesos de ejecución hipotecaria

– Negociar medidas alternativas a las dificultades derivadas del impago que faciliten que las personas afectadas puedan conservar la vivienda

– Evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios

Ya se han obtenido los primeros resultados del servicio y son muy favorables. En los primeros meses de funcionamiento de la Oficina de Terrassa se han alcanzado porcentajes de éxito del 68%, con acuerdos beneficiosos para los deudores, como daciones en pago con alquiler social posterior, refinanciamiento con carencias, refinanciamiento sin carencias, etc. El coste medio de cada expediente cerrado ha sido de 166,01 euros, que en ningún caso paga el usuario del servicio.

Frente a esos 166 euros de coste por expediente, estarían los 3.000 euros de coste de todo el proceso judicial hipotecario (tasa, aranceles, mandamientos registrales y honorarios) y el coste que todo el expediente judicial le supone al Estado, que hasta no hace mucho el Ministerio de Justicia cifraba en otros 3.000 €.

Es decir, 166 euros frente a 6.000, sin olvidar el grave coste social y económico para los afectados y las cargas para la Banca y el Estado.

APOYO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

La Defensora del Pueblo reiteró ayer su apoyo a este tipo de iniciativas y animó al resto de entidades colegiales a sumarse a este proyecto que considera un ejemplo de iniciativa sin coste económico para los ciudadanos pero de gran utilidad para éstos.

Los efectos de la crisis económica generan el mayor volumen de quejas que llegan a la oficina de la Defensora del Pueblo. Por este motivo, en enero se presentó el informe “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas” en el que se abordan los conflictos que reflejan las quejas presentadas ante la Institución, se exponen las actuaciones realizadas en estas materia y se presentan 20 recomendaciones para buscar soluciones a un problema cuya última consecuencia es la pobreza y la exclusión social.

Según un informa del Consejo General del Poder Judicial presentado ayer, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el trimestre, 23.421, es un 14,2% superior  al mismo trimestre de 2011 y  los procedimientos monitorios presentados, 172.111, están lejos de los más de 250.000 del cuarto trimestre de 2009 y del primero de 2010, y son un 18,9% menos que en el segundo trimestre de 2011.

El número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes también ha sido el mayor de la historia, 18.668, un 13,4% más que en el segundo trimestre de 2011. Por su parte los órganos judiciales han acordado la práctica directa de 29.275 lanzamientos.