El decano del ICAB denuncia la ineficacia de las medidas hipotecarias del Gobierno

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, ha comparecido ante la Comisión de Justicia y Derechos humanos del ‘Parlament’ de Cataluña para explicar las propuestas elaboradas por la abogacía catalana en materia de ejecuciones hipotecarias, así como para dar a conocer el posicionamiento de este colectivo en relación al texto aprobado inicialmente en el Congreso de los Diputados.

Yúfera ha denunciado que “el texto que ahora se encuentra en el Senado, pendiente de aprobación, no resolverá el problema de las ejecuciones hipotecarias, porque no contempla un procedimiento de liquidación ordenado de los deberes en caso de sobre endeudamiento. Es decir, un mecanismo que permita a las familias salir de un proceso de ejecución no querido que afecta a su vida y, en muchos casos, a la totalidad de su patrimonio”.

El decano de los abogados de Barcelona ha lamentado que no se dispongan de este mecanismo, que sí existe en otros países de nuestro entorno, y que permite dejar de condenar a las personas a una deuda eterna e impagable que conduce a la exclusión social. Y ha sentenciado: “se está perdiendo una oportunidad única de encontrar soluciones reales que puedan aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por los procedimientos hipotecarios de ejecución”.

Por eso, Yúfera ha destacado en su intervención el papel básico del ‘Parlament’ de Cataluña. Por un lado, porque esta Cámara aprobó, por unanimidad, presentar al Congreso de los diputados la Proposición de Ley de Medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección enfrente de procedimientos de ejecución hipotecaria habitual, a raíz de la presentación, el pasado 14 de julio de 2011, de una propuesta de medidas realizada por el ICAB. Y del otro, porque el ‘Parlament’ aprobó en el Pleno, del pasado 25 de abril, una moción que insta al Gobierno central a fortalecer la coordinación con los colegios de abogados y las instancias judiciales en Cataluña para garantizar el cumplimiento del fondo de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Así será efectiva la protección ante las cláusulas abusivas bancarias en los contratos hipotecarios, y se garantizará la paralización de los desahucios.

El decano, además, de explicar la necesidad de regular el sobre endeudamiento personal y familiar, ha recordado que las propuestas del ICAB para paliar la situación de las ejecuciones hipotecarias prevén otros cuatro aspectos relevantes.

PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA

En primer lugar, fijar unos plazos máximos de amortización de los préstamos hipotecarios (30 años), o que el importe del crédito no sobrepase el 90% del valor de tasación o del 100% del precio escriturado. En segundo lugar, establecer una nueva regulación que permita la ejecución de la deuda mediante la entrega de la vivienda habitual para determinados deudores (aquellos que no se puedan acoger el código de buenas prácticas bancarias). En tercer lugar, aliviar los costes fiscales tanto a los deudores como acreedores en relación a impuestos como las plusvalías municipales, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales. En cuarto lugar, aumentar del 60% al 80% el porcentaje en que fue tasada la vivienda cuando al acreedor se le adjudique en el procedimiento de ejecución. Estas propuestas fueron presentadas por el ICAB, el pasado 20 de diciembre en una rueda de prensa.

La abogacía presentó estas propuestas a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (el 29 de marzo de 2011) y a la Subcomisión de vivienda del Congreso de los Diputados (el 14 de septiembre de 2011). A pesar de los esfuerzos por introducir estas propuestas durante la tramitación de los proyectos de ley (que acabó siendo las Leyes 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal y 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal), ninguna propuesta fue admitida; hecho que ha provocado que el problema de las ejecuciones hipotecarias se haya ido agravando.

A pesar de los esfuerzos realizados por el ICAB, el Consejo de la abogacía catalana y otras instituciones y colectivos para regular la Ley de sobre endeudamiento de persona física-consumidor, el decano del ICAB sugiere al Parlamento que, en virtud de las competencias que la ‘Generalitat’ de Cataluña tiene en materia de consumo, regule un procedimiento administrativo que establezca una conciliación obligatoria, previa a la vía jurisdiccional, para dar solución al drama social del sobre endeudamiento de persona física-consumidor.

La comparecencia de Pedro L. Yúfera ante el ‘Parlament’ de Cataluña es una acción más realizada por el Colegio de Abogados de Barcelona en la búsqueda de soluciones al problema de los desahucios hipotecarios y la aplicación de la sentencia del TJUE.