El decano del ICAM reivindica que una parte de los fondos europeos para la recuperación vaya destinada a mejorar la Administración de Justicia

• “Una justicia que funciona bien, genera riqueza”, afirma José María Alonso, quien  también aboga por la resolución alternativa de conflictos para impulsar la actividad económica tras la pandemia y reivindica el papel de la abogacía para salir de la crisis
• El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, defiende una Ley de Mercado Abierto para impulsar la economía madrileña que agilizará los procedimientos, eliminará las trabas administrativas y ayudará al desarrollo socioeconómico de la región

“Los fondos europeos para la recuperación deben servir hacer una justicia más eficaz, más fuerte tecnológicamente y mejor dotada, porque al final una justicia que funciona bien, genera riqueza”. Con estas palabras, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha reclamado que una parte de los fondos europeos asignados a España sea destinada a la Administración de Justicia para generar riqueza. Alonso ha realizado estas declaraciones en el marco del Foro Justicia ICAM, que ha contado con la intervención del consejero de Economía, Empleo y Competencia de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez.

En sus palabras de bienvenida, el decano del ICAM ha alertado del preocupante impacto que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 está teniendo en la actividad empresarial y profesional en la Comunidad de Madrid. En un contexto de aumento de la litigiosidad como consecuencia de pandemia, José María Alonso ha puesto en valor las virtudes del arbitraje y la mediación a la hora de desatascar los juzgados, en particular las cuestiones relacionadas con el transporte que colapsan en buena medida la jurisdicción de lo mercantil. Además de aliviar la carga de trabajo de los tribunales de la Comunidad de Madrid, gracias a su agilidad estos mecanismos pueden contribuir a proteger la actividad económica y el empleo.

En este sentido, Alonso ha recordado que el Colegio de Abogados y la Comunidad de Madrid acordaron impulsar conjuntamente la mediación y el arbitraje en el ámbito laboral en casos de despido, potenciando el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid. “Es el momento de que la mediación y el arbitraje sirvan para solucionar muchos de los asuntos que van a la justicia ordinaria”, ha enfatizado el decano.

También se ha referido a los efectos que podría tener sobre las empresas y sus trabajadores el próximo fin de la moratoria concursal. Para evitar el previsible aluvión de asuntos judiciales concursales, la Abogacía madrileña viene trabajando con los juzgados de lo Mercantil para elaborar un protocolo de actuación que agilice la venta de unidades productivas.

Fruto de esta colaboración, se ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas —que será presentada próximamente— con el objetivo de “maximizar el precio de los bienes y derechos del deudor concursada, evitar la destrucción del tejido empresarial, aprovechar estructuras e instalaciones de pequeño comercio y conservar el empleo”.

Alonso, que también preside la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), ha destacado además el papel en la generación de riqueza en la región de los más de un millón de profesionales colegiados en Madrid, una contribución que en términos económicos supone más del 23% del PIB de la Comunidad, según un estudio publicado por la UICM. Además, el decano madrileño ha recordado que los profesionales son un colectivo estable que representan en torno al 35% del total del empleo de la región.

Ley de Mercado Abierto

Por su parte, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid ha abogado en su intervención por una mayor apertura del mercado regional para impulsar la economía. En su intervención, Manuel Giménez ha desglosado los detalles del Anteproyecto de Ley de Mercado Abierto, una norma que será pionera en España en cuanto a la apertura del mercado regional a empresas y autónomos de otras comunidades, eliminando las trabas administrativas injustificadas e innecesarias que dificultan el progreso económico y social de la región.

“Queremos que Madrid sea cada vez más un espacio de encuentro libre para todos los trabajadores, autónomos, empresas y entidades civiles de nuestro país”, ha afirmado el consejero, para quien la unidad de mercado resulta “esencial” a la hora de conseguir “una economía más ágil y competitiva que rebaje los costes de producción, mejore la productividad y cree mayores niveles de empleo y de bienestar”.

Para Giménez, la Comunidad de Madrid necesita “un entorno institucional que permita incentivar una cultura emprendedora y abierta a todos los operadores económicos”. Un objetivo que el Gobierno regional espera lograr con una iniciativa legislativa que pretende renovar y reinterpretar los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Como cierre del Foro, el decano ha defendido la colaboración público-privada y ha aprovechado para agradecer el apoyo del consejero a la hora de establecer consultas con el Colegio de Abogados ante cualquier asunto jurídico, ofreciendo un marco de diálogo que siempre produce buenos resultados.