El Defensor del Pueblo denuncia en el Congreso que la violencia de género es el mayor atentado contra los derechos de las mujeres en España

• Fernández Marugán ha asegurado en el Congreso de los Diputados que los “fenómenos extremos derivados del cambio climático nos obligan a reconducir nuestra relación con la naturaleza”

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha intervenido este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar su gestión en 2018 y 2019.

Fernández Marugán, que ya presentó el pasado 15 de junio los Informes Anuales de los dos últimos años en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, continúa así con la tramitación parlamentaria que exige el mandato constitucional para dar cuenta de sus actuaciones.

A lo largo de su intervención, el Defensor se ha referido a problemas estructurales no resueltos que se repiten en ambos años, como las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, el estado de la atención residencial a las personas mayores, o el shock demográfico que afecta a España.

Asimismo, Fernández Marugán ha tratado asuntos con gran incidencia en la sociedad, como es el caso de la violencia machista o los problemas que conlleva el cambio climático, y también ha analizado cuestiones, como la educación, que afectan a importantes derechos fundamentales proclamados en nuestra Constitución y cuya defensa corresponde a la Institución.

Violencia de género

Fernández Marugán ha vuelto a condenar el último crimen machista que ha segado la vida de una mujer y sus dos hijos en Úbeda (Jaén).
Tras señalar que desde 2003 han sido asesinadas más de 1.000 mujeres en España y que casi cuarenta hijos e hijas han muerto a manos de su progenitor, el Defensor ha señalado que “la violencia de género constituye el atentado más importante contra los derechos de las mujeres en España, porque afecta a su libertad, a su derecho a la igualdad de trato, a su derecho a la vida y a su integridad física y moral”.

Para el Defensor, que ha reclamado la implicación de la sociedad en su conjunto “para combatir este gravísimo problema”, es necesario que se mejoren las herramientas de detección del riesgo y la coordinación con los servicios sociales con los órganos judiciales y las fuerzas de seguridad.
Además, ha instado a simplificar más los procedimientos y a aumentar la coordinación con las asociaciones de mujeres que realizan el trabajo de campo para mejorar el acceso a los recursos y el tratamiento integral.

Cambio Climático

Fernández Marugán ha mostrado su preocupación por las consecuencias que trae consigo el cambio climático y sus catastróficos efectos, que afectan a vidas y a bienes. A su juicio, “los fenómenos extremos que se derivan del cambio climático, nos obligan a reconducir nuestra relación con la naturaleza”.

Según ha explicado, dichos efectos ya se notan en España en forma de gotas frías destructoras en el Mediterráneo y devastadores incendios forestales cada vez más frecuentes.

Así, ha instado a las Administraciones a que “actúen con contundencia para evitar que se edifique en áreas susceptibles de ser engullidas por el agua”.

Y también ha asegurado que es necesario una gestión forestal y una planificación territorial adecuadas para que se palíen los grandes incendios forestales que devoran comarcas enteras. “La política en esta materia no lo puede fiar todo a aumentar los medios de extinción”, ha concluido.

El shock demográfico

Fernández Marugán ha asegurado que “España ha experimentado en las últimas décadas un fuerte shock poblacional” y que “el envejecimiento de la población es un fenómeno que constituye un desafío para la Unión Europea y también para nuestro país”.

Según ha explicado, las estadísticas muestran que hoy en España los mayores de 65 años representan casi el 20% de la población total y las proyecciones apuntan a que dentro de 50 años los mayores de 65 años serán el 30% del total. “Estos datos ponen de manifiesto que estamos inmersos en un claro proceso de envejecimiento del envejecimiento”, ha apuntado.

En su opinión, esta situación obedece a la caída de la natalidad, sobre todo como consecuencia de la precariedad laboral, a los altos precios de la vivienda y su impacto en la emancipación tardía de los jóvenes, y a las escasas políticas de conciliación.

Fernández Marugán ha lamentado que “en España no nos hemos tomado en serio la continua baja de la población” y ha advertido que la actual estructura demográfica puede “lastrar de manera muy nítida el nivel y la estabilidad del crecimiento” e, incluso, “poner en jaque la sostenibilidad las políticas de bienestar”.

Ante este panorama, el Defensor ha afirmado que el saldo negativo de la población española se está compensando con un saldo migratorio positivo. Por ello, se ha mostrado convencido de que la inmigración “no supone una carga para nuestra sociedad, sino que es beneficiosa para nuestra economía”. En esta línea, ha asegurado que “si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo el mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería un 20%, por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica”.

Tal y como ha señalado el Defensor, todas estas cuestiones fueron ampliamente analizadas en los dos estudios monográficos que acompañaban a los informes anuales de 2018 y 2019: “La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias” y “La contribución de la inmigración a la economía española”.

Vivienda

La enorme dificultad para acceder a una vivienda, sobre todo para los más jóvenes y para las familias de bajos ingresos, es una preocupación constante para el Defensor del Pueblo.

Fernández Marugán ha manifestado que “en materia de vivienda estamos ante una cuestión de desigualdad que afecta a los más débiles, y para apoyarles el Defensor del Pueblo defiende la inversión pública por parte de las distintas administraciones y la conveniencia de construir parques públicos de viviendas”.

El Defensor ha insistido en la necesidad de que las administraciones actúen cuanto antes para intentar atajar este problema. Y en su opinión, la mejor manera de hacerlo es aumentar la oferta de vivienda social en alquiler dirigida a los jóvenes, a las familias con bajo nivel de renta y monoparentales, a personas que hayan sufrido un desahucio, a mujeres víctimas de violencia de género y a inmigrantes.

Para ello, el aumento de oferta de vivienda de alquiler social tiene que ser abundante en cantidad y en recursos públicos, ya que, según ha señalado, “actuar en unas pocas promociones no es suficiente”. Además, esta política hay que mantenerla en el tiempo y los programas de vivienda social han de adquirir un elevado nivel de coordinación entre la Administración General del Estado, las CC.AA. y los municipios.

Atención residencial a personas mayores

A lo largo de su comparecencia, Fernández Marugán ha desgranado las diferentes actuaciones realizadas por la Institución que dirige para detectar los principales problemas que afectan a la atención residencial para personas mayores en España.

En este tiempo, el Defensor ha alertado de las carencias de medios y personal en los centros residenciales que le han llevado a pedir “reformas normativas de calado y revisión profunda del modelo”.

“Carencias que se han puesto dramáticamente de manifiesto con motivo de la pandemia que ahora sufrimos”, ha lamentado Fernández Marugán.
De entre las reformas más urgentes, la Institución cree necesario aumentar el número de plazas; revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial; que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora; y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores.

El Defensor del Pueblo también aboga por que las comunidades autónomas realicen un importante esfuerzo de actualización y armonización para solventar la actual dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento.

Además, Fernández Marugán también ve necesario que se regulen mediante Ley Orgánica aspectos que afectan a derechos fundamentales, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las sujeciones físicas.

Tras relatar las actuaciones de la Institución en los últimos años, el Defensor ha explicado su gestión durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

Así, ha apuntado que se inició una queja de oficio en los primeros días de abril con todas las consejerías de sanidad y con todas las consejerías de política social de las CCAA, para conocer la respuesta dada en cada territorio a esta emergencia sanitaria, “y posteriormente poder determinar qué aspectos habrá que mejorar o corregir para afrontar nuevas amenazas epidémicas”.

Además, a finales de abril, la Institución dirigió una serie de recomendaciones a todas las comunidades autónomas, para que se reforzara la asistencia sanitaria a los enfermos por Covid-19; para que se suministraran equipos de protección individual para el personal y los residentes; y para que se suplieran las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores.

Asimismo, la Institución recomendó que se garantizara la información a los familiares de los residentes sobre su situación de salud y su posible derivación a otro centro residencial u hospitalario; y que se permitiera que los mayores no contagiados puedan, voluntaria y temporalmente volver con sus familias durante la pandemia, sin pérdida de plaza, y siempre que sea posible sanitariamente.

Educación

Fernández Marugán ha insistido en la necesidad de alcanzar un Pacto por la Educación que permita disponer de un sistema educativo estable y de calidad. “Es hora de que las coincidencias primen sobre los desacuerdos y de que entre todos dotemos a nuestro sistema educativo de la estabilidad que necesita”, ha enfatizado.

El Defensor, para quien “el mayor problema de la educación hoy en España es la inclusión social”, ha pedido a las Administraciones que trabajen para “evitar la pobreza educativa de grandes capas de la población que tienen muchas dificultades económicas”. En este sentido, ha advertido que “ahora las familias afectadas por el paro y la pobreza tienen enormes dificultades para afrontar importantes gastos educativos como ordenadores, tablets, transporte, enseñanza de idiomas, etc”.

El Defensor también ha puesto como ejemplo el caso de un centenar de niños de origen marroquí que residen en Melilla desde hace años en situación de completa invisibilidad y, por tanto, de exclusión social y que “carecen de acceso a derechos básicos como la educación”.

Fernández Marugán ha afirmado que la imposibilidad de empadronarse en esa ciudad les impide ir al colegio y ha lamentado que, “pese a todos los esfuerzos realizados por la Institución”, lo cierto es que ha finalizado el curso escolar 2019-2020 y tan solo una menor ha sido escolarizada.
A su juicio, “una realidad compleja no puede en modo alguno solventarse a costa de los derechos de los más vulnerables”, por lo que “los niños y las niñas de Melilla, al igual que los del resto de España, donde tienen que estar es en el colegio”, ha concluido.

La pandemia

Por último, Fernández Marugán se ha referido a la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado el COVID-19. “Un virus que nos ha arrojado, de forma impensada y brutal, a escenarios que nunca habíamos vivido”, ha dicho.

El Defensor ha advertido que, aunque estemos en desescalada, “la amenaza para la salud pública permanece” porque “hemos resistido pero todavía no hemos vencido”.

Por ello, ha afirmado que “tenemos que ir con cuidado y no dejarnos llevar por el deseo de volver rápidamente a la normalidad anterior, ya que la recaída complicaría mucho las cosas”.

Así las cosas, ha apelado “al mayor nivel de consenso entre todos los responsables políticos, institucionales, económicos y sociales” para poder superar esta crisis y ha destacado que “España necesita grandes acuerdos”.