El Defensor del Pueblo destaca el “claro malestar” que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos

El Defensor del Pueblo destaca en su Informe Anual correspondiente al año 2014 el “claro malestar” que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos, al tiempo que señala que esta medida ha tenido “una repercusión moderada en el descenso de la litigiosidad” de los tribunales, informa Europa Press.

El informe pone de manifiesto que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para evitar la tardanza en la tramitación de los procedimientos judiciales “no han sido suficientes” y que esta situación “repercute de forma negativa en la imagen del sistema judicial y, por ende, socava uno de los pilares del Estado de Derecho”. “Una justicia tardía supone, en la práctica, una mala justicia”, recuerda.

Al igual que en años anteriores, el Defensor del Pueblo deja constancia de la “insuficiencia de medios” con que cuentan algunos juzgados y señala que su estado es “consecuencia directa, en la mayoría de los casos, de la austeridad económica que continúa afectando a todos los sectores del país”.

En concreto, este organismo recibió en 2014 un total de 172 quejas por demoras judiciales, seis más que en el ejercicio anterior. De ellas 80 afectaban a la Jurisdicción Civil (nueve más que el año anterior), 53 a la Penal (seis más que el año anterior), 20 a la Social (tres menos que el año anterior) ,11 a la Mercantil (cuatro más que el año anterior) y ocho a la Contencioso-administrativa (diez menos que el año anterior).

En la Jurisdicción Penal el Defensor del Pueblo destaca la situación de los juzgados de Alicante, que “superan ampliamente el criterio técnico fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como indicador de la carga de trabajo”. Así, el tiempo de respuesta es muy alto (21,3 meses) y excede el doble del tiempo de respuesta nacional (10,2 meses).

COLAPSO DE LOS REGISTROS

En relación con los registros civiles, el informe apunta que continúan en una situación de “provisionalidad normativa” que redunda en su “colapso”, sobre todo en las comunidades autónomas que en su día asumieron las competencias en esta materia y que siguen esperando, tras la aprobación de la nueva Ley de Registro Civil, cuya entrada en vigor se viene aplazando, que estas funciones dejen de ser desempeñadas por los juzgados.

“La insuficiente dotación de medios humanos afecta, sobre todo, a la accesibilidad, atención presencial, telefónica y telemática; provoca demoras en la tramitación de los expedientes matrimoniales, de nacionalidad, de rectificación de errores en las inscripciones y de resolución de los recursos”, apunta la institución.

En algunos casos, según el informe, hay registros civiles en los que “ni siquiera se garantiza la accesibilidad, para poder presentar la solicitud”, mientras que en otros “la diferencia de tiempo en la tramitación (desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve el expediente de nacionalidad y se inscribe la misma), puede oscilar de uno y medio a diez años”.

Las mayores demoras afectan a los registros civiles de la Cataluña, especialmente en las localidades de Amposta, Barcelona, Badalona, Figueres Hospitalet de Llobregat, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Sant Adrià del Besós, Tarragona y El Vendrell.

Además, el Defensor del Pueblo destaca que la reducción de horarios, tras la supresión de la atención vespertina y la congelación y reducción de las plantillas sin disposición de refuerzos, ha incidido en “un notable incremento de las quejas que se refieren a los registros civiles andaluces en los dos últimos años, especialmente a los de Algeciras, Córdoba, El Ejido, Estepona, Granada, Jerez de la Frontera, Marbella y Puerto Real.

No obstante, señala que “se han aceptado total o parcialmente” la mayoría de las recomendaciones formuladas por la institución para mejorar la dotación de medios humanos y materiales. “Se han producido mejoras en registros concretos, pero sin resolver la situación general, debido a las restricciones presupuestarias y a las limitaciones para reponer las plantillas de funcionarios”, apunta el informe antes de señalar que “las mejoras han sido especialmente perceptibles en la reducción de los tiempos de atención y tramitación, tanto en el Registro Civil Central como en el Registro Civil Único de Madrid”.

DEMORAS EN LOS INDULTOS

Con respecto a la concesión de indultos, el Defensor del Pueblo destaca que “continúan detectándose demoras, en ocasiones injustificadas, en la tramitación de este tipo de expedientes”. “En ocasiones, las personas que contactan con la institución solicitan su intervención o mediación para promover el indulto o para solicitar su apoyo con relación a una petición ya formulada”, apunta.

En los casos en los que se están produciendo estas dilaciones, la institución se limita a pedir información a la Secretaría de Estado de Justicia para conocer el estado de tramitación y las previsiones para la resolución del expediente pero obviando cualquier actuación en relación con la resolución que se adopte.

INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO