El defensor del Pueblo reclama el derecho al voto para personas con discapacidad

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado que se reforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que todas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto de manera inmediata, incluso en las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales que tendrán lugar en 2019.

“La LOREG debe reformarse en la línea sugerida por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas a España en 2011 para que todas las personas con discapacidad, independientemente de  su condición jurídica, tengan derecho a votar, y en caso de que la reforma contemple alguna excepción quepa solo en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona, supuestos que habrán de interpretarse restrictivamente”, afirma Fernández Marugán en una entrevista concedida al boletín ‘Cermi.es semanal’.

La privación del derecho de voto está estrechamente relacionada con la modificación de la capacidad jurídica. Por ello, el defensor del Pueblo señala que hay que pasar de un modelo de sustitución de la voluntad a un modelo de apoyo y complemento en la realización de actos y la adopción de decisiones, que se proyecte únicamente donde sea estrictamente necesario.

Por otra parte, y coincidiendo con el inicio del curso escolar, Fernández Marugán dedica especial atención a la importancia de garantizar el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad. Así, subraya que las administraciones deben adoptar medidas normativas y presupuestarias para asegurar que la atención educativa de las personas con discapacidad se realiza de acuerdo con los principios de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad.

Igualmente, recuerda que la escolarización en centros de educación especial debe ser de carácter “excepcional y residual”, contando siempre con la opinión de las familias y dotando suficientemente de recursos materiales y humanos a los centros ordinarios, a fin de que las necesidades de los estudiantes con discapacidad puedan atenderse de manera adecuada.

En relación con la crisis económica, Fernández Marugán considera que “ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para mejorar la vida de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas como son parados de larga duración; familias con todos sus miembros en paro; jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo; trabajadores pobres; jubilados con pensiones bajas y personas dependientes y con discapacidad con escasos recursos económicos”.

En el caso concreto de las personas con discapacidad, explica que “la escasez” en los recursos públicos se ha sentido notablemente en las demoras en resolver procedimientos que son esenciales para la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de derechos y apoyos (valoración de grado, atención temprana, dependencia) y también en la insuficiencia de los programas, ayudas y servicios existentes dirigidos a este colectivo y en la escasa dotación de medios humanos y materiales de los mismos.

Para revertir esta situación, indica que es clave reforzar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, acortando listas de espera, que también se sufren para la evaluación y reconocimiento del grado de discapacidad. Ambas cuestiones motivan muchas de las quejas que las personas presentan ante la institución dirigida en funciones por Fernández Marugán. Otra de las cuestiones por las que el defensor recibe quejas por parte de personas con discapacidad se refieren a carencias de accesibilidad en ámbitos como los medios de transporte, las viviendas y en el entorno urbano.

Por otro lado, resalta que se debe prestar también especial atención a la situación de las personas con enfermedad mental, teniendo en cuenta que se debe reforzar la atención temprana y que hay que incrementar el número de profesionales como psiquiatras o psicólogos clínicos. Además, pese a los avances, lamenta que no se hayan atendido hasta el momento las recomendaciones del defensor del Pueblo para que se establezca una regulación más completa y garantista de los internamientos involuntarios.

“En consecuencia, es necesario, y así lo hemos trasladado a las Cortes, que nuestro ordenamiento jurídico se dote de una Ley Orgánica que regule los derechos y garantías de las personas que, por sus condiciones de salud mental o de envejecimiento avanzado, pueden ver afectados y restringidos algunos de sus derechos fundamentales”, añade Fernández Marugán. Por último, el defensor del Pueblo en funciones muestra su preocupación por el incremento de los delitos de odio contra personas con discapacidad, así como por la situación de los presos con discapacidad en los centros penitenciarios de toda España.