El defensor del Pueblo insiste en la necesidad de facilitar las comunicaciones de los abogados con los internos en los CIEs

• El Defensor considera que es el momento de “replantearse seriamente la organización y gestión de los centros de internamiento de extranjeros”
• El MNP ha inspeccionado 217 lugares de privación de libertad durante estos dos años
• Fernández Marugán reitera la necesidad de acabar con las sujeciones mecánicas de los centros de menores infractores y convertirlos en verdaderos lugares de rehabilitación
• La Institución reclama políticas públicas para promover la independencia de las personas con problemas de salud mental impidiendo el uso de medidas arbitrarias de restricción de su libertad

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar los Informes Anuales 2018 y 2019 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

Fernández Marugán, que no había tenido oportunidad de comparecer para presentar estos informes, primero por las diferentes citas electorales y después por la  crisis provocada por la COVID-19, ha repasado la labor que realiza la Institución para velar por los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad.

Durante estos dos años, el Defensor ha realizado 217 visitas en su condición de MNP. En 2019, el MNP inspeccionó 106 lugares de privación de libertad y formuló 48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales. En 2018, realizó 111 visitas que motivaron 45 recomendaciones, 760 sugerencias y 17 recordatorios de deberes legales.

En su intervención, Fernández Marugán ha analizado las principales carencias detectadas durante las inspecciones. Así, en lo relativo a las dependencias de privación de corta duración, ha asegurado que, por ejemplo, en los calabozos los principales problemas tienen que ver con infraestructuras deficientes con carencia de luz natural y poca ventilación.

PERSONAS MIGRANTES

En opinión del Defensor, en la actualidad “sería necesario replantearse seriamente la organización y gestión de estos centros”. En este sentido, ha recordado que la Institución lleva años proponiendo mejoras para estos lugares. Así, ha insistido en la necesidad de disponer de una infraestructura adecuada, personal especializado, facilitar las comunicaciones de los internos con abogados y entidades sin ánimo de lucro e incrementar el número de cámaras de videovigilancia y grabación.

El Defensor ha hecho especial hincapié en las condiciones de privación de libertad de las personas migrantes. El Defensor ha analizado en primer lugar la situación de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). En la actualidad, existen cinco ubicados en San Roque (Cádiz), Málaga, Almería, Cartagena (Murcia) y Motril (Granada). En ellos, se han detectado carencias en las instalaciones para atender las necesidades de las personas que llegan en pateras. Así, se ha observado hacinamiento, presencia de madres con hijos, personas enfermas y se ha podido constatar que no se daban las garantías suficientes para solicitar protección internacional.

Por otra parte, en lo referente a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Fernández Marugán ha recordado que en el inicio de la pandemia solicitó el cierre de estos centros ya que no se daban las condiciones para que las personas ingresadas en ellos fueran expulsadas a sus países de origen por lo que no podían cumplir con su cometido. El Ministerio del Interior cerró todas las instalaciones pero en las últimas semanas ha vuelto a reabrirlas.

La Institución también supervisa los vuelos de repatriación de personas extranjeras. Entre 2018 y 2019 ha monitorizado 29 operativos FRONTEX.

CENTROS PENITENCIARIOS

La situación de las personas sometidas a penas de privación de libertad de larga duración preocupa especialmente al Defensor del Pueblo. Fernández Marugán ha explicado que en estos dos años se han inspeccionado 29 centros penitenciarios y de nuevo los principales problemas con los que se han topado el MNP tienen que ver con la aplicación de sujeciones mecánicas, el seguimiento y control de las denuncias de los internos por malos tratos o las deficiencias en la atención sanitaria donde se ha detectado una insuficiencia de dotación de personal sanitario.

Dentro de las cárceles, en estos dos años, el Defensor ha realizado un seguimiento más exhaustivo sobre la situación de los internos e internas que se encuentran en régimen cerrado por ser el más duro y riguroso, sobre la situación de las mujeres que son minoría en el sistema penitenciario (solo representan el 7,5% de la población) y sobre las personas con discapacidad intelectual a las que la Institución ha dedicado un estudio monográfico.

VISITAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Institución continúa el proyecto iniciado en años anteriores de realizar visitas a centros penitenciarios con perspectiva de género. Este tipo de inspecciones está previsto que se extienda a otro tipo de lugares de privación de libertad. En el marco de este proyecto, Fernández Marugán ha formulado recomendaciones para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, para asegurar un uso inclusivo del lenguaje en los formularios penitenciarios, para perfeccionar los datos estadísticos o para incrementar la formación del personal penitenciario en cuestiones de género.

En sus visitas más recientes, el MNP está prestando especial atención a la situación de las mujeres gitanas en prisión, un colectivo por el que el Defensor lleva décadas trabajando.

CENTROS DE MENORES INFRACTORES

Al relatar el trabajo que realiza el MNP en los centros de internamiento de menores infractores (CIMI), Fernández Marugán ha vuelto a recordar las muertes de dos jóvenes en dos de estos establecimientos, Melilla y Almería, tras ser sometidos a una sujeción mecánica. La Institución ha seguido prestando especial atención al desarrollo de este tipo de prácticas durante las inspecciones realizadas y además ha solicitado información a las comunidades autónomas sobre este asunto.

El Defensor ha explicado que ya en 2020 ha formulado una recomendación para abolir las sujeciones mecánicas en todos los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional. En su opinión, son prácticas de una “crueldad innecesaria”.

Fernández Marugán ha asegurado que desde el Ministerio de Justicia le han traslado su preocupación por este asunto y le han informado de la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar para estudiar la reforma de las contenciones mecánicas. Por otra parte, también se ha referido a la reciente decisión del Juzgado de Purchena (Almería) de prohibir el uso de contenciones mecánicas en el centro Tierras de Oria.

Sobre estos lugares, Fernández Marugán ha insistido en que no deberían ser “centros de castigo, sino de rehabilitación para conseguir que los menores a su salida puedan integrarse en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas responsables”.

Por último, el Defensor se ha referido a la situación de las personas con problemas de salud mental que se encuentran ingresados en centros psiquiátricos. “Son personas muy vulnerables que todavía hoy son estigmatizados por la sociedad”, ha destacado. En este sentido, ha abogado por procurarles una vida digna e independiente y para ello considera que los poderes públicos deben defender sus derechos desarrollando políticas públicas para promover su independencia, adoptando sistemas de apoyo para sus familias e impidiendo el uso de medidas arbitrarias de restricción de su libertad.

El Defensor ha concluido su intervención reiterando que las visitas del MNP tienen como objetivo vigilar que las personas privadas de libertad sean tratadas con el respeto que merece la dignidad propia de todo ser humano. “Ponemos luz en ese sector de nuestra sociedad tan desconocido e incluso olvidado. Ese es nuestro objetivo y a él le dedicamos una especial atención”, ha asegurado.