El Defensor del Pueblo pide consenso en la tramitación de la ley de protección integral frente a la violencia infantil

En el Día Mundial de la infancia, el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para el Defensor es “nuestra obligación legal y moral” respetar y proteger los derechos de los menores de la manera más eficaz posible a los menores. En este sentido, el Defensor valora positivamente la presentación del Anteproyecto de ley de protección integral frente a toda forma la violencia contra la infancia y pide “consenso” y la mayor rapidez posible en la tramitación parlamentaria de esta nueva norma.

La Institución siempre ha prestado especial atención a los niños y niñas y trabaja en distintos ámbitos para protegerles.

NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD

El Defensor del Pueblo trabaja intensamente para defender los derechos de los niños y niñas con discapacidad. En este contexto se enmarcan diversas actuaciones, como reclamar a la administración que garantice que los menores con discapacidad en situación de desamparo sigan recibiendo atención tras alcanzar la mayoría de edad, o pedir explicaciones cuando se producen demoras en la valoración y adjudicación de los recursos de atención temprana que les resultan indispensables.

El cumplimiento efectivo del derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad también preocupa al Defensor del Pueblo que, por ejemplo, ha pedido que se garantice que alumnos con autismo puedan asistir al aula especializada que necesitan, en el centro donde ya estén escolarizados.

Además, la Institución acaba de abrir una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en esta materia,  tras conocer que algunas de ellas podrían tener prevista la creación de nuevos centros de educación especial. El Defensor del Pueblo quiere conocer si estas previsiones siguen la línea de actuación impuesta por la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención, ratificada por España y vigente con rango formal de ley, aboga por abolir el sistema separado de educación de estudiantes con discapacidad, la transferencia progresiva de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general y el acceso del alumnado con discapacidad, en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes, al sistema general y en escuelas primarias y secundarias de su entorno.

A través de esta actuación de oficio, el Defensor también ha pedido información a las administraciones autonómicas sobre las iniciativas previstas para cumplir con las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que,  en su último informe, ha afirmado que ni las políticas, ni la legislación ni las prácticas educativas están asegurando el derecho a la educación inclusiva en nuestro país.

 PROTECCIÓN SOCIAL Y ASISTENCIA SANITARIA

Al Defensor del Pueblo le preocupa especialmente la pobreza infantil y sigue con atención el tratamiento que las administraciones dan a las familias más vulnerables. Así, realiza un seguimiento constante de todas las prestaciones asistenciales, vivienda, rentas mínimas y ayudas sociales municipales de emergencia.

Por otra parte, la Institución considera necesario que dentro del sistema de protección de menores se incentiven los acogimientos familiares. El acogimiento familiar desempeña una importante función social al ofrecer una alternativa familiar adecuada a los menores que por diversas circunstancias no pueden ser atendidos por sus familias. La Ley obliga a las administraciones públicas, a adoptar medidas de protección familiar y estable y, cuando no sea conveniente para el interés del niño la permanencia en su familia de origen, priorizar el acogimiento familiar frente al institucional. Para hacerlo posible, las administraciones públicas han de adoptar, en los ámbitos que les son propios, políticas integrales encaminadas a apoyar a las familias de acogida  Con este fin, el Defensor del Pueblo ha recomendado que las personas que perciben pensiones no contributivas, puedan integrar en la unidad familiar a los menores en régimen de acogimiento familiar permanente, dado que los acogedores soportan una mayor carga económica con estos menores.

El Defensor también ha organizado recientemente unas jornadas sobre la  asistencia  sanitaria y social en el daño cerebral adquirido infantil (DCAI) en las que han participado las principales entidades de pacientes y afectados, además de expertos del ámbito sanitario y social. El objetivo de estas jornadas es conocer de primera mano los criterios acerca de los retos presentes y las prioridades que se considera preciso abordar en los servicios públicos de atención sanitaria y social a estos niños, niñas y adolescentes para que tengan una atención de calidad.

 VIOLENCIA MACHISTA

Fernández Marugán ha asegurado en numerosas ocasiones que “un maltratador nunca puede ser un buen padre” y en este sentido considera que es necesario cambiar la legislación en dos cuestiones. Así, ha pedido que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se tiene que suspender también el régimen de visitas de los hijos e hijas.

Además, en su opinión, también es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.

IGUALDAD

Para el Defensor del Pueblo, la igualdad debe estar presente en las aulas. En su opinión, la educación es fundamental para lograr una sociedad incluyente, sin discriminaciones y para luchar contra la violencia machista.

Por eso, aboga por reforzar la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos ya que es una herramienta muy poderosa en la lucha contra el machismo y las conductas violentas. Los niños y las niñas tienen que aprender desde pequeños que las relaciones deben basarse siempre en el respeto y la libertad.

 MENORES EXTRANJEROS ACOMPAÑADOS

Los niños y niñas migrantes no acompañados reúnen una doble condición de extrema vulnerabilidad: menores y extranjeros, de ahí la especial sensibilidad de la Institución que insiste en recordar que “son menores antes que extranjeros”. Fernández Marugán reitera que a los menores, independientemente de su documentación o situación legal, les amparan todos los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

El Defensor ha apuntado que existen graves carencias estructurales en la acogida y protección de estos menores por la escasez de plazas, personal suficiente y recursos apropiados.

La Institución recuerda que la asistencia temporal de primera acogida debe atender las necesidades básicas, psicosociales y específicas de todos los menores con alojamiento adecuado y con atención individualizada y adaptada a su perfil, ofrecida por profesionales competentes, que tengan la formación y cualificación necesaria, y adecuadas condiciones laborales. Asimismo, destaca que estos niños y niñas deberían pasar el menor tiempo posible en primera acogida.

También ha denunciado la inexistencia generalizada de recursos para hacer efectivo su derecho a ser escuchado en cualquier procedimiento que les afecte y ha criticado la ausencia de mecanismos para la evaluación del interés superior del menor en la toma de cualquier decisión que le concierna.

El Defensor ha abogado por reformar la normativa vigente, establecer un sistema que permita conocer con la mayor exactitud posible el número de menores no acompañados que se encuentran en España en cada momento y en qué ciudades. Por último considera imprescindible garantizar un procedimiento sencillo y eficaz que permita escuchar al menor para tomar en consideración sus peticiones en las cuestiones que les afecten.

Fernández Marugán considera que los pasos iniciados por el Gobierno van por el buen camino. En su opinión, “darnos cuenta de que la situación de estos menores nos incumbe a todos es fundamental. Que las comunidades y el Gobierno se sienten en la misma mesa para hablar de este tema es el camino correcto”.