El Defensor del Pueblo reclama más coordinación entre administraciones y propone nuevas medidas para mejorar la protección de las víctimas de la violencia machista

• La Institución formulará nuevas recomendaciones a los distintos organismos con competencias en la materia para reforzar el sistema de protección actual
• Recuerda a las más de 1.000 mujeres asesinadas desde 2003 y reitera que “no podemos permitirnos que se siga matando a mujeres sólo por el hecho de ser mujeres”
• Reclama “no perder ni un minuto más” y comenzar a implementar las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las obligaciones asumidas por España en el Convenio de Estambul
• Considera que el trabajo que realizan las asociaciones de mujeres constituye un elemento clave en el proceso de revisión y verificación del sistema de asistencia y protección de las víctimas imprescindible para avanzar

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha inaugurado el seminario “La igualdad y la lucha contra la violencia de género. La labor de las ONG” que la Institución ha organizado en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). En el acto inaugural también ha intervenido la directora del CEPC y catedrática de derecho constitucional, Yolanda Gómez.

Fernández Marugán ha iniciado su intervención recordando a las más de 1.000 mujeres asesinadas desde 2003 y a sus hijos e hijas. Desde 2013, fecha en la que se comenzó a incluir a los menores en esta macabra estadística, 34 niños y niñas han sido asesinados y 269 han quedado huérfanos.

El Defensor ha reclamado más coordinación entre administraciones para proteger a las víctimas de la violencia de género e intentar evitar nuevos crímenes machistas y ha destacado que es “imprescindible que las mujeres sientan que no están solas, que los poderes del Estado están unidos para acabar con esta lacra y que también cuentan con el apoyo de toda la sociedad que debe ser implacable en la condena de estos asesinatos”.

Recomendación general

Durante el seminario, la Institución ha presentado las nuevas actuaciones que tiene previsto iniciar en las próximas semanas. Así, el Defensor formulará una recomendación general a los distintos organismos con competencias en la materia en la que se recogerán de forma sistemática algunas de las cuestiones, que ya han sido desarrolladas de forma individual en numerosas actuaciones de la Institución:

• Reforzar las obligaciones derivadas del Derecho a la Información y todos los mecanismos públicos de recogida y análisis de datos cuya función es garantizar la información que necesitan los poderes públicos para revisar y mejorar el sistema de protección actual. Incluyendo la actualización y divulgación de los mapas de servicios, organismos u oficinas que integran la red de atención a las víctimas. La Institución considera que es necesario saber qué funciona y qué no y por qué.
• Activar los recursos del sistema en la fase de detección y de atención inmediata no solo a través de la intervención policial (con o sin denuncia), sino también a través de los servicios sanitarios, de los servicios sociales, de los especializados en la atención a las víctimas, o desde el ámbito educativo.
• Facilitar los medios para la acreditación de la condición de víctima de violencia de género aplicando la concepción internacional de violencia de género, lo que supondrá cambios profundos en el tratamiento de las mujeres extranjeras víctimas, no solo cuando son víctimas de trata o de cualquier otro tipo de explotación sexual.
• Incrementar los recursos para la atención social integral y garantizarlos por Ley para que la recuperación de la víctima sea real y efectiva. La Institución aboga por aplicar el plan de intervención participado y personalizado para la víctima, incluyendo también la protección de las personas menores de edad a su cargo. Sin embargo, este plan debe contar con un adecuado seguimiento e incluir no solo las medidas de protección y seguridad, sino también la asistencia jurídica durante todo el proceso, la atención psicológica, la atención educativa de sus hijos e hijas, la inclusión socio laboral y la ayuda para el ejercicio de derechos, particularmente los económicos y de acceso a la vivienda.
• Mejorar la acogida en los centros especializados dependientes de la administración competente, ya sean centros de emergencia, casas de acogida o pisos tutelados.
• Mejorar la asistencia sanitaria y psicológica especializada que permita a los profesionales que atienden a las víctimas el cumplimiento de los protocolos policiales, judiciales, sanitarios y sociales ya acordados.
• Reforzar el derecho a la asistencia jurídica especializada y gratuita a lo largo de todo el proceso de recuperación de la víctima, no solo en fase judicial, y mejorar los servicios de justicia, tanto para el acceso como para la protección durante el proceso de enjuiciamiento, para que el tratamiento recibido como víctimas durante el proceso judicial cumpla íntegramente el Estatuto de la Víctima, evitando la doble victimización de mujeres y menores por parte del propio poder judicial.
• Reforzar los medios materiales y personales de la Administración de Justicia (unidades de valoración forense, institutos de medicina legal, etc) para poder desarrollar la protección judicial con total garantía, en los tiempos breves establecidos por la Ley. De manera que la celeridad de los procesos no impida el amparo efectivo de las mujeres y de los menores y permita la adopción de las medidas previstas en la ley.
• Mejorar los recursos económicos destinados a las ayudas socio laborales, y el acceso a la vivienda y a residencias públicas para mayores, asegurando una imprescindible dotación presupuestaria vinculada a estas ayudas. La Institución recuerda que se debe garantizar que los derechos de las víctimas sean respetados en todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad.
• Mejorar la coordinación institucional de todos los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de acogida y de recuperación integral a pesar de la organización y descentralización autonómica.
• Reforzar la atención a las víctimas menores de edad dando cobertura a su realidad que presenta notables diferencias con la consideración tradicional de la víctima mujer. En este sentido, la Institución considera urgente revisar los regímenes jurídicos de visitas y de custodias cuando el agresor ya ha sido declarado como tal por resolución judicial o de forma preventiva siempre que se hayan impuesto medidas cautelares, y permitiendo que el menor sea escuchado siempre. Y crear sistemas de valoración del riesgo específicos para los menores, con la ayuda de las unidades de valoración forense especializadas en menores.

Fallos en el sistema

El Defensor ha reconocido que el marco español de atención y asistencia a las víctimas de violencia de género fue uno de los “más pioneros e innovadores” de Europa que creó un sistema completo de protección de las víctimas desde la fase de la prevención hasta la rehabilitación y reintegración de la mujer y de sus hijas e hijos en la sociedad.

Sin embargo, las quejas y actuaciones de la Institución ponen de manifiesto que el sistema falla en ocasiones. Así, ha apuntado que “aunque cuesta decirlo, en España, a día de hoy se siguen matando mujeres, se siguen violando mujeres, se sigue agrediendo a las mujeres sólo por el hecho de serlo”. En este sentido, ha hecho hincapié en “no perder ni un minuto más” y ha asegurado que “hay que comenzar a implementar ya las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género” y las obligaciones asumidas por España en el Convenio de Estambul, poniendo en funcionamiento plenamente los recursos humanos y materiales previstos en la Ley como las unidades de valoración forense o la red de casas y centros de acogida.

Una vez más, el Defensor ha vuelto a reclamar un doble enfoque, de género e infancia, para luchar contra la violencia machista. Así, ha reiterado que “un maltratador nunca puede ser un buen padre” y por eso considera que toda medida y cambio normativo destinado a otorgar protección inmediata y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género “es necesario e inaplazable”.

Fernández Marugán ha explicado que el objetivo de esta jornada es poner en valor el trabajo de las asociaciones de mujeres y de las instituciones internacionales que, en su opinión, es fundamental para mejorar el sistema de asistencia y protección de las víctimas. “La labor que realizan estos colectivos constituye un elemento de revisión y verificación del sistema imprescindible”, ha destacado.

Mesas de expertas

Este seminario, que se ha celebrado un día después del Día Universal del Niño y días antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha estructurado en dos paneles. En el primero, “La dimensión internacional en la lucha contra la violencia de género”, coordinado por la jefa del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, Elena Arce, han participado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Rebeca Palomo, y la directora adjunta de la Oficina de Derechos Humanos, Clara Cabrera.

En el segundo, coordinado por la técnica del Área de Migraciones e Igualdad de trato del Defensor, Ana María Ovejero, se ha analizado la labor de supervisión de las ONG a través de los informes sombra y otros instrumentos internacionales de rendición de cuentas. En este segundo panel han intervenido la representante de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez; la integrante de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, Helia del Rosario; la autora del informe Violencia de género y mujeres migrantes, Silvina Monteros, y la representante de la Plataforma Sombra GREVIO, Begoña San José.

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