El Defensor del Pueblo reconoce la labor de la Fundación con presos españoles condenados por Ecuador

El Defensor del Pueblo recoge en su Informe Anual 2015 el trabajo que la Fundación Abogacía Española está llevando a cabo con los presos españoles condenados por Ecuador a los que afecta una modificación legal en ese país que reduciría sustancialmente sus condenas.

Según el Informe del Defensor, fue la Fundación Abogacía Española la que puso de manifiesto la aprobación en Ecuador del Código Orgánico Integral Penal, norma que modula las penas por tráfico de estupefacientes en función del peso y tipo de droga. Esta reforma afecta a un grupo de españoles, que fueron condenados a penas privativas de libertad en Ecuador y han sido trasladados a prisiones españolas para el cumplimiento del resto de la condena impuesta, y que se verían beneficiados de una rebaja de sus penas, si lo instaran en sede judicial en Ecuador.

La Fundación realizó una campaña de asesoramiento e información directa a los presos, gracias a la colaboración de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria de los Colegios de Abogados, que facilitaron modelos para que los internos soliciten a los respectivos directores de cada centro penitenciario el tercer grado, mientras los órganos judiciales de Ecuador iban resolviendo sobre la revisión de sus condenas.

Al tiempo, destaca el Defensor, la Fundación solicitó de la Administración Penitenciaria que impulsara la clasificación en régimen abierto de los internos que pudieran ser acreedores de tal clasificación. Manifestaron su preocupación porque el número total de presos procedentes de Ecuador en centros penitenciarios españoles era de 94 a principios de junio de 2015, y al parecer, cerca de 50 tendrían ya la pena cumplida si se hubiera producido la efectiva revisión de su condena.

El Defensor del Pueblo planteó a la Administración Penitenciaria que fuera sensible ante esta situación, con ocasión de la revisión de la clasificación de estas personas privadas de libertad, y al Ministerio de Justicia que procurara en la medida de lo posible que la autoridad ecuatoriana competente, en concreto, el Consejo General de la Judicatura de Ecuador, agilizara los procesos de revisión judicial de las condenas de todos los españoles afectados favorablemente por la reforma penal citada.

LIBERTADES Y TERCEROS GRADOS

La Fundación Abogacía comenzó a trabajar en octubre de 2014 para intentar agilizar la revisión y puesta en libertad, en su caso, de estos españoles presos. En el momento de la entrada en vigor de la reforma, una parte de los españoles condenados por delito de tráfico se encontraban cumpliendo sus penas en Centros Penitenciarios de Ecuador y otros habían sido trasladados a España en virtud del Convenio bilateral entre España y Ecuador. En este último caso el procedimiento de revisión de condena se complica, ya que es el juez ecuatoriano el competente para resolver en todo caso.

Además, desde la Fundación se han llevado a cabo gestiones encaminadas a la obtención de permisos, terceros grados y libertades condicionales de los interesados, en tanto sus procedimientos en Ecuador siguen su curso. Igualmente, se ha informado continuamente mediante carta tanto a los interesados y a sus familiares, como a los correspondientes Directores/as de los Centros Penitenciarios españoles.

Gestiones realizadas por la Fundación para iniciar la solicitud de revisión judicial de condenas en Ecuador:

Gestiones realizadas por la Fundación con los presos que cumplen condena en España para la modificación de grado u obtención de permisos: