El examen de acceso a la Abogacía será, previsiblemente, en mayo

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE) prevé que la segunda edición del examen de acceso a las profesiones de abogado y procurador se celebre en mayo en distintas sedes de España con la misma estructura y contenido que el año anterior.

El presidente del CONEDE, Alejandro Soto Carbajal, se reunió el lunes 26 de enero con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortes y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, donde los responsables ministeriales han confirmado que la prueba nacional se convocará en los “próximos días” y se publicará en la página web del Ministerio.

El Real Decreto 775/2011 exige la convocatoria de la prueba tres meses antes a su realización, por lo que se prevé que la misma tenga lugar en el mes de mayo. Además, Justicia se ha comprometido a descentralizar la realización del examen para que si hay graduados en las Islas Baleares o Canarias no se tengan que desplazar a Madrid.

DOS CUESTIONARIOS TIPO TEST

La prueba mantendrá la estructura y contenido propios de la primera convocatoria que tuvo lugar el pasado 28 de junio de 2014, habida cuenta además de que no se ha producido ninguna modificación de la normativa reguladora de la misma.

El examen consiste en un cuestionario con 50 preguntas sobre materias comunes al ejercicio de la profesión, como cuestiones sobre deontología u organización colegial, y con otro test específico de 25 preguntas sobre uno de los cuatro órdenes jurisdiccionales.

La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30% de la nota obtenida en el curso de formación especializada.

Soto ha calificado en un comunicado la reunión como “un encuentro agradable, cordial y fructífero entre un equipo de Gobierno sensible a la percepción de los estudiantes de derecho en torno al nuevo sistema de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, que refleja el compromiso del Ministerio de Justicia con una reforma consensuada y útil para la mejora del asesoramiento jurídico, representación procesal y defensa de los intereses de los ciudadanos”.