El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley orgánica de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, que incluye también medios adecuados para solución de controversias.

“Supone un paso decisivo para la modernización del servicio público de justicia; se pasa de una estructura del siglo XIX a otra que se adapta a lo que se necesita en el siglo XXI”, afirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa tras el  Consejo.

Bolaños aseguró que esta ley deberá aprobarse antes del 31 de diciembre de este año para cumplir con lo comprometido con Bruselas para el desembolso de fondos europeos.

El ministro también explicó que esta ley contempla la creación de tribunales de instancia, en sustitución de los antiguos juzgados de unipersonales, así como de oficinas municipales de justicia para reemplazar a los juzgados de paz, y de oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de instancia.

“Se pasará de 3.800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales”, señalo Bolaños, quien explicó que esta reforma igualará la carga de trabajo en todos los tribunales y unificará los criterios procesales.

También explicó que las nuevas oficinas de justicia en los municipios más pequeños y zonas rurales permitirán los ciudadanos “realizar trámites procesales desde su localidad, sin tener que ir al tribunal de instancia”.  “Es una ventaja importante para que la Justicia sea más cercana al ciudadano, sobre todo en ámbitos rurales”, añadió.

Esta ley orgánica pretende también impulsar los medios adecuados para solución de controversias (MASC).  “Queremos potenciar las negociaciones entre partes, es algo que está muy extendida en lo social y queremos extenderlo en lo civil y lo mercantil.  Vamos a apostar por la conciliación privada y facilitar que esos acuerdos tengan una traslación fácil al mercado jurídico”, señaló Bolaños, quien hizo alusión a la necesaria colaboración con abogados, procuradores, notarios y registradores para hacer uso de estas prácticas y evitar litigios.

Además,  se contempla en la nueva norma la creación de un procedimiento único para la protección y defensa de consumidores y usuarios: “Vamos a establecer un procedimiento único para las acciones colectivas de consumidores y usuarios a través de entidades habilitadas para que los consumidores no tengan que ir a los tribunales, ni de manera individual ni plural, queremos evitar macroprocedimientos”, explicó el ministro.