El Gobierno propone a José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el acuerdo por el que se recaba del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado de José Manuel Maza en sustitución de Consuelo Madrigal.

Una vez oído el informe del CGPJ, será el Congreso de los Diputados quien deberá respaldar la propuesta antes de que sea efectivo el nombramiento del candidato con la jura de su cargo ante el Rey.

José Manuel Maza (Madrid, 1951) es magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2002. Anteriormente fue presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, juez decano de los Juzgados de Distrito de Madrid y miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en 1973, diplomado en Criminología por la misma universidad y en Estudios Avanzados de Derecho Penal por la Universidad Europea de Madrid, José Manuel Maza es miembro de la carrera judicial desde 1975 y de la fiscal, de la que fue número uno de su promoción y hoy se encuentra en excedencia, desde 1978.

De sensibilidad conservadora –fue portavoz de la Unión Judicial Independiente–, en su día se opuso a la denominada ‘doctrina Botín’, propuso el archivo de la querella contra Pablo Iglesias por presunta financiación de Venezuela e Irak y expresó sus dudas sobre la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según Europa Press.

Para su nombramiento, que será por un mandato de cuatro años, se precisará la participación de los tres poderes del Estado, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá aprobar un informe de idoneidad y después comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuyos miembros podrán valorar así sus méritos.

En febrero de este año el futuro fiscal general fue ponente de una sentencia de la Sala Segunda en la que se apreció, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas de las empresas, de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal.

Se trató de una resolución que muchos despachos de abogados destacaron por su dureza y que marca un precedente para muchas empresas. Los magistrados ya advirtieron de situaciones futuras donde podían producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa.

Una vez nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo, según detalla el Estatuto Orgánico que rige la Fiscalía.