El ICA Granada analiza la situación de personas con discapacidad en procedimientos judiciales

El Colegio de Abogados de Granada y la Fundación Abogacía Española organizaron ayer unas jornadas donde se analizó en profundidad la situación de las personas con discapacidad ante los procedimientos judiciales, abordando los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su aplicación en la Justicia española.

La jornada, que contó con la participación del colectivo Plena Inclusión, del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la Fundación ONCE, fue diseñada con el objetivo de que los profesionales granadinos conozcan los aspectos claves de la Convención Internacional como instrumento jurídico directamente aplicable y la principal normativa de referencia, familiarizándose con la igualdad y la no discriminación en el trato con sus clientes con discapacidad. Además, en la jornada se dotó a los asistentes de conocimientos y herramientas prácticas para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la Justicia.

El curso fue inaugurado por el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres; el patrono de la Fundación Abogacía Española Jesús López Medel; la responsable del Departamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Lourdes Márquez de la Calleja; y la técnico del programa de atención a personas reclusas y ex reclusas de FEAPS Andalucía, Concepción González Rodríguez.

En el acto inaugural, Jesús López Medel destacó el compromiso del Colegio de Abogados de Granada con la discapacidad, algo que demuestra la organización de estas jornadas y el hecho de que sea una de las pocas corporaciones colegiales que cuenta con un Grupo Especializado de Discapacidad y Dependencia.

La jornada se dividió en dos bloques. Por un lado, la responsable de la Fundación ONCE analizó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y, por otro, se abordó su acceso a la Justicia y su capacidad jurídica. En este último bloque intervinieron Mónica Macías Martínez, formadora en derechos de FEAPS Andalucía; Torcuato Recover, coordinador de la Red de Juristas Plena Inclusión y presidente del Grupo Especializado en Discapacidad y Dependencia del Colegio; Raúl Navarro, miembro de la Red de Juristas Plena Inclusión; y Concepción González, técnico del programa de atención a personas reclusas de FEAPS Andalucía.

Durante el curso se puso de manifiesto el elevado porcentaje de casos en los que el proceso penal no es capaz de apreciar la discapacidad o el deterioro cognitivo de los intervinientes, dando lugar a situaciones dramáticas. De hecho, en la jornada participaron dos personas con discapacidad que han experimentado en primera persona la discriminación y la escasa habilidad del sistema judicial para detectar estas situaciones, que pueden suponer circunstancias atenuantes o eximentes.

Además, Torcuato Recover y Raúl Navarro insistieron en el papel que deben jugar los abogados en la aplicación de la Convención Internacional en los procedimientos penales y civiles, ya que tienen la responsabilidad de detectar la situación de discapacidad y hacerlo constar en el procedimiento. En el caso de los procedimientos civiles, además, los expertos recordaron que, aunque el Gobierno sigue sin modificar el Código Civil para adaptarlo a la Convención Internacional, deben ser los letrados los que pidan su aplicación.