El ICAB denuncia que la tasa judicial tiene una finalidad exclusivamente disuasoria

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) denuncia que la tasa judicial tiene una finalidad exclusivamente disuasoria. Así lo demuestran los datos facilitados por la Agencia Tributaria, que indican que en el primer trimestre del año se han recaudado 30 millones de euros, es decir, sólo el 40% de lo previsto para el año 2013, estimado en unos 306 millones de euros. Los datos del Ministerio de Hacienda demuestran que las previsiones del Ministerio de Justicia eran absolutamente irreales y, de seguir así, en el año 2013 recaudaría menos que con las tasas judiciales antes vigentes (de la Ley 53/2002).

Si se tiene en cuenta, tal como expresó el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ante el Congreso, que la implantación de la tasa judicial respondía a una doble finalidad, recaudatoria y disuasoria, el objetivo se está consiguiendo sólo en este segundo ámbito.

El ICAB confirma que la tasa judicial está provocando una drástica reducción del número de resoluciones judiciales, superior al 60%, producida especialmente en los ámbitos más importantes a la hora de recaudar la tasa: aquellos derivados de las segundas instancias o ulteriores (recursos de apelación y casación civil, recursos de apelación y casación contencioso-administrativo y recursos de suplicación y casación social).

Estos datos confirman lo que el ICAB ya ha denunciado en reiteradas ocasiones: las tasas judiciales son un obstáculo al acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. El ICAB también quiere mostrar nuevamente su rechazo a que las tasas sirvan de pretexto para garantizar el funcionamiento del Servicio de Atención Jurídica gratuita. Por ello, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, alerta de que “el Ministerio de Justicia no podrá garantizar el funcionamiento de este servicio si se sigue manteniendo la tesis de que hay que cubrir su coste exclusivamente con la tasa judicial” y añade que “las tasas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva”.

El ICAB continúa trabajando para conseguir la suspensión definitiva de las tasas judiciales. Cabe recordar que desde el año 2011 esta corporación está realizando diferentes acciones contra esta medida. Entre éstas, cabe destacar la participación en diversas concentraciones, la presentación de un manifiesto, la campaña de recogida de firmas (250.000 firmas de las cuales 11.000 corresponden a abogados catalanes), que se presentaron al Síndic de Greuges y al Ministerio de Justicia. El decano de los abogados de Barcelona planteó en sede parlamentaria que no tributaran las personas físicas, ni se tributara en las jurisdicciones sociales, ni en los procedimientos matrimoniales y de familia, y que determinadas cuotas tributarias de la tasa se redujeran muy sustancialmente.