Los abogados del Turno de Oficio protestan por la pérdida de derechos de los ciudadanos en materia de justicia

• El Colegio de Abogados de Barcelona presentó el manifiesto “La justicia está en juego” para denunciar el paso atrás que puede conllevar el proyecto de ley de justicia gratuita si no se modifica su redacción. Sabadell dice no a la reforma de la Justicia Gratuita promovida por el Gobierno
• La protesta en Baleares , convocada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares y secundada por, entre otros, el decano del ICAIB y varios miembros de la Junta de Gobierno, tuvo por objeto sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos de una reforma que, a juicio de la abogacía, puede suponer un nuevo recorte de derechos
• El Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén denuncia que el proyecto de ley de Justicia Gratuita restringirá aún más el acceso de los ciudadanos a la Justicia
• El Colegio de Abogados de Murcia acerca la Justicia Gratuita a las ONG
• Las Asociaciones de abogados del Turno de Oficio tuvieron un encierro, en la sede del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), desde las 12:00 del mediodía hasta las 12 de la noche, en protesta por el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que en estos momentos está en tramitación parlamentaria. 

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), el Grupo de Abogados Jóvenes (GAJ) junto con otros operadores jurídicos (Asociación catalana de profesionales de Extranjería, Sindicato de Secretarios Judiciales, Asociación catalana de juristas demócratas, Unión progresista de fiscales, Jueces para la democracia y la Plataforma ciudadana para una Justicia de todos) han mostrado su rechazo y preocupación por la política del Gobierno en el ámbito de la Justicia. Una situación que ha hecho entrar en riesgo el servicio público de la Justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Por este motivo, el decano de los abogados de Barcelona, Oriol Rusca, junto con el resto de entidades jurídicas, ha leído el Manifiesto “La justicia está en juego”, donde se denuncia que debido a las tasas judiciales buena parte de la ciudadanía ve vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y sólo aquellos que tienen más capacidad económica pueden reclamar justicia ante los tribunales. El Manifiesto también pone de relieve que el acceso a la justicia para aquellos ciudadanos que no dispongan de suficientes medios no está garantizado en el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de manera que se priva del derecho de defensa y del derecho a un asesoramiento profesional de calidad.

“El proyecto de ley de justicia gratuita somete a una asfixia a los abogados y los colegios de abogados, porque no se valora su trabajo y se quiere homogeneizar a la baja los módulos de pago, pero además no resuelve aspectos primordiales para poder ofrecer una buena defensa. Por ello, lamentamos la falta de traductores para todo el proceso, o que se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones, situaciones que aprovechando la tramitación de la nueva ley de justicia gratuita se podrían solventar“, ha explicado Rusca. Cabe recordar que ayer, 13 de mayo, se cerró el plazo para presentar enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Asistencia jurídica gratuita, por ello desde el ICAB se espera que las reclamaciones de la abogacía sean tenidas en consideración.

El ICAB junto con otros operadores jurídicos también se han mostrado críticos con otras reformas que se están planteando. Como la futura Ley Orgánica de Seguridad ciudadana, que vulnera la libertad de expresión, de manifestación y de reunión de las personas y establece como infracciones administrativas actividades  propias  del  contenido  esencial  de  aquellas  libertades.  O  la  organización  judicial,  que  se pretende implementar mediante la reforma de  la Ley Orgánica del Poder Judicial,  y  que destruye el servicio público de la Justicia al que los ciudadanos tienen derecho, alejándolos de los tribunales y despreciando las garantías de sus derechos y la solución de sus problemas.

Al margen de la lectura del Manifiesto, de las 10 a las 14 h, abogados del Colegio de Abogados de Barcelona han reivindicado la importancia social del trabajo que realizan ofreciendo asesoramiento jurídico previo a los ciudadanos que se han acercado a la sede de esta corporación. El decano de los abogados de Barcelona, así como otros diputados de la Junta de Gobierno del ICAB han estado presentes en las mesas de asesoramiento instaladas para esta jornada de protesta. Estas acciones se enmarcan dentro de la Campaña “¡Nadie hará más por ti! “, que el Colegio de Abogados de Barcelona está impulsando para denunciar los aspectos más lesivos del anteproyecto de ley de justicia gratuita, que queda muy lejos de la mejora que ha de presidir la modificación de un servicio público esencial para los ciudadanos como es el Servicio del Turno de Oficio y la Justicia Gratuito.

Promovida por la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), con la colaboración del Grupo de Jóvenes Abogados de Sabadell (JAS) y de la Comisión del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido del Colegio de Abogados de Sabadell, la Sala de Actos de esta Corporación acogió ayer jueves una Mesa Redonda que contó con la presencia de los máximos responsables de la Abogacía en la organización de la Justicia Gratuita, tanto a nivel español como a nivel catalán, para explicar con detalle y debatir con los asistentes el contenido del Proyecto de ley de justicia gratuita que se encuentra en tramitación en el Parlamento, por iniciativa del Ministerio de Justicia. Los ponentes no eran otros que el Sr. Francisco Javier Lara Peláez, Presidente de la Comisión de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decano del Colegio de Abogados de Málaga, el Sr. Miguel Rodríguez Zamora, Presidente de la Comisión de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) y decano del Colegio de Abogados de Sant Feliu, y el Sr. Marc Remolà Navarro, responsable del Servicio del Turno de Oficio del Colegio de Sabadell y diputado de su Junta de Gobierno. A los mismos los acompañaron en la mesa el decano del Colegio de Abogados de Sabadell, Juan Antonio García Cazorla, y el presidente del Grupo de Jóvenes Abogados de Sabadell, Jaume Rocabert Luque, quién moderó el debate.

Desde las primeras intervenciones quedó clara la postura de la Abogacía respecto del redactado actual del proyecto. Juan Antonio García Cazorla, después de apuntar algunas notas sobre el debate de las enmiendas a la totalidad celebrado en el Congreso el pasado 30 de abril, que pudo seguir personalmente en su calidad de representante de la Abogacía Catalana, destacó que la abogacía de oficio es “el buque insignia de la profesión, por su compromiso con la ciudadanía”. Una ciudadanía que, en palabras de Jaume Rocabert, verá extremadamente debilitados sus derechos ante la Justicia si el proyecto acaba siendo aprobado en los términos en los cuales se encuentra redactado actualmente.

Así lo puso también de relieve Francisco Javier Lara, quién destacó que resultan difíciles de comprender los términos y motivaciones de este proyecto, si se tiene en cuenta que el abogado de oficio está extremadamente bien valorado por la ciudadanía y que disponemos de un modelo de Justicia Gratuita que es un referente en toda Europa. Y es que, como recordó el ponente, el modelo actual de asistencia jurídica gratuita es uno de los pilares básicos de un Estado de derecho como el nuestro. Lara insistió en que la reforma tendría que incidir en aspectos como por ejemplo asegurar una remuneración puntual y adecuada por el trabajo desarrollado por los profesionales, que garantiza el ejercicio de derechos fundamentales tales como la asistencia jurídica y la tutela judicial efectiva por parte de la ciudadanía. Al contrario, el proyecto del Ministerio de Justicia supone -en palabras de Lara- obligar el ciudadano a que asuma el coste de servicios que hasta el momento son gratuitos, como es el caso del Servicio de Orientación Jurídica (paso previo a la obtención de Justicia Gratuita), y que el ciudadano tendrá que abonar si finalmente ve denegada su solicitud. Lara fue muy crítico con un texto que atenta de pleno contra la esencia y naturaleza del modelo de justicia gratuita que todos conocemos y gracias al cual muchos ciudadanos han podido ejercer sus derechos de asistencia letrada y tutela judicial efectiva, y que calificó como “el primer paso para la privatización de un servicio que nunca tendría que dejar de ser público”.

Por su parte, Miguel Rodríguez Zamora destacó que la proximidad del profesional es un requisito ineludible y “de sentido común” para la prestación de un servicio adecuado al ciudadano, en contra de lo que pretende establecer la reforma. Recordó también que gracias a la iniciativa y el impulso de los abogados de oficio se han abierto vías tan importantes para la defensa de los derechos de la ciudadanía como la de las cláusulas abusivas a las ejecuciones hipotecarias. Por este motivo, son todavía menos comprensibles medidas como por ejemplo la limitación a tres veces por persona y año de las solicitudes de Justicia Gratuita, o la reducción de los máximos económicos por unidad familiar para poder tener derecho al abogado de oficio, tal como apuntó Marc Remolà. En contrapartida, el proyecto establece el acceso indiscriminado al beneficio de Justicia Gratuita de determinados colectivos con suficientes recursos económicos y que, sin embargo, podrán ser beneficiarios del servicio, lo cual supone una clara perversión del principio constitucional de proporcionar justicia gratuita a quien no disponga de recursos suficientes, como destacó García Cazorla.

Y es que, según apuntó MRemolà, parece que el legislador esté empeñado en desmantelar el Estado de derecho con medidas claramente obstativas para el acceso a la Justicia de los ciudadanos, como por ejemplo las tasas judiciales, la ley de demarcación y planta o la propia reforma de la Justicia Gratuita. Por eso, después de recordar las muchas iniciativas, acciones y la presión llevada a cabo desde la Abogacía institucional, recordó a todos los letrados presentes que es ahora el momento de implicarse plenamente y de estar unidos en la defensa del modelo actual, tal como reza el lema que la CEAJ ha difundido por todas partes: “Es tu turno. Defiéndelo”. Porque, tal y como destacaron todos los intervinientes, la defensa de la Justicia Gratuita es cosa de todos y todas, tanto de los profesionales cómo, especialmente, de los ciudadanos y ciudadanas, que son los verdaderos destinatarios de este servicio público fundamental.

BALEARES

Abogados, entre ellos, el decano del ICAIB y diversos miembros de la Junta de Gobierno de la corporación colegial, han secundado esta mañana la protesta convocada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares (AJAIB) ante los Juzgados de Vía Alemania para exigir la retirada del proyecto de ley de Justicia Gratuita.

Durante la concentración, los letrados han repartido dípticos entre los ciudadanos para informar de los efectos del proyecto de reforma del sistema de justicia gratuita aprobado el pasado 21 de febrero por el Consejo de Ministros y sensibilizar a la sociedad sobre “las carencias, lagunas, deficiencias y contradicciones de la propuesta de reforma, que impedirán que este servicio público funcione de forma eficiente y sea accesible para los ciudadanos que lo requieran”. La presidenta de la AJAIB, Neus Canyelles, ha leído un manifiesto en el que se resume la postura de la abogacía al respecto. En declaraciones a los medios de comunicación, tanto tanto Neus Canyelles, como Martín Aleñar, decano del ICAIB han coincidido en señalar “que, una vez más, nos encontramos ante un propuesta de recorte de derechos”.

Ambos han indicado que, en sus sus actuales términos, el proyecto limita seriamente las opciones de muchos  ciudadanos a acceder a un abogado de ocio para defender sus legítimos intereses y han puesto como ejemplo a las personas que integran unidades familiares unipersonales, a quienes la propuesta de Alberto Ruiz Gallardón rebaja el umbral mínimo de ingresos que les permitiría beneficiarse de la justicia gratuita, de los actuales 14.910 euros anuales a los 12.780 euros. “Si se tiene en cuenta – ha asegurado el decano- que casi el 25% de los hogares españoles son unipersonales, los ciudadanos que podrían verse excluidos del beneficio de justicia gratuita podrían contarse por miles”.

Martín Aleñar y Neus Canyelles se han referido asimismo el “clima de desconfianza hacia el ciudadano” que se desprende del proyecto de ley, una desconfianza que, a su juicio, se materializa claramente “desde el mismo momento en que el legislador presupone que una persona abusa del sistema cuando, por desgracia, y excepción hecha del orden penal, precise más de tres veces en un mismo año acceder a la justicia gratuita”.

Finalmente, el decano ha  criticado que no haya en todo el proyecto ni una sola coma que permita a los abogados de oficio, “los mismos que se dejan la piel en la defensa de las personas más vulnerables”, albergar alguna esperanza de ver cumplida su justa y merecida aspiración a percibir una remuneración digna por un trabajo de valor esencial en un Estado de Derecho”.

ANDALUCÍA

El Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén denunció en rueda de prensa que el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que pretende aprobar el Gobierno restringirá aún más el acceso de los ciudadanos a la Justicia y supondrá grandes perjuicios para los españoles. De esta forma, el Colegio de Abogados de Jaén ha acogido hoy la comparecencia del presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén, Alfonso Montiel; el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, y el presidente de la Federación de Abogados Jóvenes de Andalucía, Julián del Moral, quienes han calificado como “una barbaridad” este proyecto de ley.

En su intervención, Montiel ha dejado claro que esta propuesta perjudicará de forma notable tanto al conjunto de la ciudadanía como a los abogados y ha criticado que el Gobierno no esté dispuesto a escuchar otras opiniones, ya que casi todos los operados jurídicos están en contra de este proyecto de ley. “De hecho, la Confederación Española de Abogados Jóvenes ha propuesto 79 enmiendas y parece que ninguna va a ser tenida en cuenta”, afirma.

En cuanto a los perjuicios para el ciudadano, ha destacado que se reduce el umbral económico de acceso a la Justicia Gratuita para las personas que no están integradas en una unidad familiar y que se establece una presunción de abuso por parte de los que soliciten acceder a este derecho tres veces al año. “Es como si una persona acudiera tres veces a Urgencias al Hospital y a la cuarta le dijeran que ya no la atienden”, ha explicado Julián del Moral.

Por su parte, Vicente Oya ha apoyado las reivindicaciones del Grupo de Abogados Jóvenes y ha lamentado que este proyecto de ley no incluya la gratuidad de diversas prestaciones, como la asistencia letrada previa a proceso judicial en todo caso. “En el caso de que se acabe aprobando esta Ley en los términos actuales, van a surgir numerosos problemas para muchos ciudadanos jiennenses y españoles. Y es que esta Ley no resuelve los problemas que tiene la Justicia actualmente, sino que los aumenta”, afirma.

Además, el decano del Colegio de Abogados de Jaén ha criticado que el proyecto de ley burocratiza el servicio en exceso generando costes innecesarios y ha señalado la incongruencia de que un abogado de oficio del Norte de España pueda darse de alta en el Turno de Oficio de Jaén. “En ese caso, no sabemos cómo podría cumplir la obligación de presentarse en el plazo de tres horas desde que recibe el aviso”, indica.

Finalmente, Julián del Moral ha recalcado que la propuesta de ley de Justicia Gratuita es “un disparate”, ya que no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de justicia gratuita y genera desigualdades, al reconocer la justicia gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas que poseen recursos económicos sobrados.

Esta rueda de prensa se enmarca en una campaña puesta en marcha por la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) para mostrar el rechazo a este proyecto de ley, en la que ya se han repartido numerosos carteles y folletos en la provincia de Jaén.

La Abogacía granadina ha demostrado públicamente su rechazo frontal al proyecto de Ley de Justicia Gratuita, una normativa que se encuentra en trámite parlamentario y que, de aprobarse, causará un grave perjuicio a los usuarios y a los abogados del Turno de Oficio. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha desgranado los motivos por los que la Abogacía se opone a la nueva normativa del Ministerio de Justicia. Y el principal es que la ley tendrá serias consecuencias para los ciudadanos.

El decano del Colegio de Abogados, Eduardo Torres, acompañado por la mayoría de la Junta de Gobierno de la corporación, ha explicado que la Asistencia Jurídica Gratuita es un servicio esencial para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que se verá comprometido de aprobarse el proyecto de ley, puesto que algunos de los artículos incluidos en la norma supondrán un “deterioro” en la calidad del servicio. El mejor ejemplo de ello es la supresión de la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados, lo que permitirá que un abogado de Vigo, por ejemplo, pueda darse de alta en el Turno de Oficio de Granada, alargando innecesariamente el tiempo de espera de los usuarios del servicio.

El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio, Fernando Conde, ha añadido que, pese a que la ley se ha querido vender como una norma en pro del ciudadano, “no hay nada más lejos de la realidad”. De hecho, el proyecto de Ley de Justicia Gratuita rebaja los umbrales para el acceso al Turno de Oficio –lo que limita el número de ciudadanos que pueden acceder a estos servicios-; entorpece la Justicia con la posibilidad de que cualquier abogado ejerza en el Turno de Oficio de cualquier  demarcación territorial; y extiende el derecho a la Justicia Gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas al margen de sus recursos económicos, estableciendo una clara discriminación respecto al resto de los ciudadanos. Además, Conde ha indicado que la ley “establece una sospecha” constante sobre el justiciable, que no podrá utilizar los servicios de Justicia Gratuita más de tres veces en un año.

Los abogados del Turno de Oficio tampoco salen bien parados con esta ley “mal argumentada y que no soluciona para nada los problemas de la antigua normativa”. Fernando Conde ha detallado que el proyecto de ley no garantiza el pago a los abogados ni la financiación pública del servicio; mientras que el decano del Colegio ha añadido que la ley “examina” a los abogados por cada asunto y los expone a sanciones e incluso a la retirada de las listas del Turno de Oficio si no plantea la insostenibilidad de un asunto, una “barbaridad de gran calibre” que pone en riesgo la libertad e independencia de los profesionales.

Eduardo Torres ha recordado que en Granada hay casi un millar de abogados que prestan este servicio esencial para la ciudadanía 24 horas al día durante los 364 días del año. Sólo durante el ejercicio 2013 estos profesionales granadinos realizaron 21.507 asistencias al detenido (59 diarias) y atendieron 23.043 asuntos del Turno de Oficio (63 diarios). Además, el decano del Colegio ha aprovechado la jornada reivindicativa convocada por la corporación para reclamar una revisión de los baremos y un pago justo para los letrados que garantizan con su trabajo diario el derecho a la tutela judicial efectiva.

MURCIA

El Colegio de Abogados de Murcia ha organizado una jornada informativa dirigida a funcionarios y colectivos vulnerables para mejorar su conocimiento sobre la Justicia Gratuita. Su finalidad es mejorar la tramitación de los expedientes y agilizar la resolución y concesión, en su caso, de los mismos.

Francisco Martínez-Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia, ha asegurado que la Justicia Gratuita es la última garantía de defensa de los más vulnerables, un servicio público esencial que supone la consagración última del derecho de Defensa recogido en nuestra Constitución”.

Además, se ha vuelto a mostrar crítico con la implantación de las tasas judiciales, “ya que se implantaron con el argumento de financiar la Justicia Gratuita y que supone un repago disuasorio e injusto que persigue obstaculizar o impedir el libre acceso de los ciudadanos a la Justicia. Además, no está demostrado que los 5,3 millones de euros recaudados en los tribunales murcianos desde que se implantasen haya servido para reforzarla”.

Durante la jornada, se ha explicado, entre otros asuntos, en qué consiste, los requisitos para acceder a la misma y los trámites y gestiones para solicitarla.