El ICAB manifiesta su disconformidad a mantener y prorrogar el actual plan de juzgados de ‘cláusulas suelo’

• En el marco del ‘Informe de la Justicia 2018’, el ICAB apuesta por reformar el Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo
• Además, el Colegio barcelonés denuncia el colapso de la jurisdicción civil en Barcelona y en el resto de municipios de su demarcación territorial

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), María Eugènia Gay, ha mostrado su disconformidad a mantener y prorrogar el actual plan de los juzgados de ‘cláusulas suelo’ porque no resuelve la avalancha de demandas presentadas contra las entidades bancarias.

Gay ha hecho pública esta denuncia en el marco del acto de presentación del ‘Informe de la Justicia 2018’, una publicación que realiza la institución colegial para analizar el estado y funcionamiento de la Administración de Justicia y, especialmente, la evolución en la demarcación territorial del ICAB (que incluye Barcelona y las 11 delegaciones, situadas en Arenys de Mar, Badalona, ​​Berga, Gavà, L’Hospitalet, Igualada, el Prat de Llobregat, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès y Vilanova y La Geltrú). En este acto ha asistido también el secretario, Jesús Sánchez; y la diputada responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ), Cristina Vallejo.

En relación a la problemática de las cláusulas suelo, la decana del ICAB también ha afirmado que ‘su implementación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la prórroga de las medidas que los crearon ha demostrado, de forma evidente, que no resulta capaz de resolver la avalancha de demandas presentadas contra las entidades bancarias como consecuencia de las demandas individuales de los consumidores en materia de condiciones generales de la contratación de los contratos de financiación hipotecaria’.

Asimismo, ha añadido, que ‘ni los medios, ni la organización de estos juzgados ha sido la adecuada, por lo que -desde buen principio- han colapsado ante el elevado número de reclamaciones de los consumidores. Los datos así lo demuestran, pues según el propio CGPJ la tasa de resolución (que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de los asuntos ingresados) en este tipo de juicios desde el 2º Trimestre de 2017 hasta el primer Trimestre de 2018 es del 6,6% (aunque el 1º trimestre del 2018 ha mejorado), es decir, una de las más bajas de toda España’.

La titular del Colegio de la Abogacía de Barcelona también ha afirmado que ‘si tenemos en cuenta los datos del propio CGPJ, estas indican que el 98,3% de las sentencias han sido favorables a las reclamaciones de los consumidores durante el 2017; este porcentaje resulta claramente ineficaz, desde el mismo momento que obliga a los consumidores a esperar toda la tramitación hasta sentencia. En este momento se puede estimar una espera entre 2 y 3 años hasta llegar a sentencia’.

Por estos motivos, el ICAB considera que el CGPJ y el resto de administraciones con competencias en materia de Administración de Justicia elaborarán coordinadamente un plan que tenga en cuenta una efectiva protección de los consumidores y usuarios, aplicando criterios de proximidad de la Justicia a la ciudadanía y teniendo en cuenta la implantación de la mediación extrajudicial y intrajudicial en este tipo de asuntos.

En este sentido, desde el Colegio se propone modificar el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, a fin de implementar medidas reales de mediación en este tipo de conflictos y evitar que queden únicamente en manos de las entidades bancarias.

COLAPSO DE LA JURISDICCIÓN CIVIL

Uno de los aspectos más preocupantes que se han detectado y que recoge el ‘Informe de la Justicia 2018’ es el colapso de la jurisdicción civil en la demarcación territorial del ICAB ya que en todas las jurisdicciones se reduce el número de asuntos pendientes, mientras que en la jurisdicción civil se incrementa en un 17%.

En cuanto a los otros indicadores como la litigiosidad, que es el número de expedientes judiciales por cada mil habitantes, la decana ha expuesto que se ha incrementado en todas las jurisdicciones (excepción hecha de la jurisdicción contencioso-administrativa), y que este dato pasa a ser preocupante si tenemos en cuenta el incremento del volumen de asuntos ingresados ​​en la jurisdicción civil (un 10%) y en la jurisdicción social (un 6%). En este sentido indicó que los datos de 2017 demuestran que, en determinadas jurisdicciones -como la civil-, ha ingresado un 9% más de asuntos de los que se han resuelto.

En cuanto a la duración media de los procedimientos, Gay ha indicado que el tiempo de resolución de los expedientes judiciales (que se manifiesta a través de la llamada tasa de pendencia) ha empeorado, lo que puesto en relación con la tasa de congestión (número de expedientes ingresados ​​más los pendientes al inicio del año dividido por los resueltos), lleva a una duración media de los procedimientos que difícilmente puede mejorar en determinadas jurisdicciones y expedientes.

Aunque la jurisdicción civil pueda mejorar numéricamente en el tiempo de duración de sus expedientes, la percepción de los profesionales de la Abogacía encuestados por el ICAB es la contraria (empeora para entre un 89% y un 93% de los profesionales, según primera o segunda instancia). Pero, en el caso de la jurisdicción social, tanto la realidad numérica como la percepción de los profesionales es coincidente: empeora en los procedimientos de reclamación de cantidad (salarios, etc.) y en los procedimientos contra la Seguridad Social; y así lo perciben los profesionales en un 96% en la generalidad de los asuntos de la primera instancia y en un 78% en la segunda.

SITUACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Desde el Colegio barcelonés también se ha advertido que la jurisdicción social, a pesar de la regresión de la crisis económica, continúa asumiendo un volumen de asuntos muy superior de lo que ingresaba antes. Su situación no ha mejorado en este último año.

Gay ha indicado que desde el Colegio se considera que la falta de medios y de una organización eficiente -porque no se ha desarrollado la llamada nueva oficina judicial en la ciudad de Barcelona- provoca que la situación no mejore, pese esfuerzo de los funcionarios y, particularmente, las tareas de conciliación y mediación de los Letrados de la Administración de Justicia y de los Magistrados y magistradas. Ha añadido que ‘la percepción de los abogados y abogadas del ICAB es que además de medios -personales y de juzgados- hay también una mejora en la organización de los mismos’.

Por este motivo el ICAB considera necesario que los responsables políticos de todas las administraciones con responsabilidades públicas en materia de justicia se planteen la necesidad de abordar una reforma organizativa de la Justicia que incorpore criterios de colegiación entre jueces y magistrados en la hora de resolver los expedientes judiciales y, al mismo tiempo, de especialización en todos los órdenes jurisdiccionales, circunstancias que -por otra parte- deben ir definitivamente ligadas a una efectiva implantación de las TIC con el fin de agilizar y coordinar las tareas de los diferentes profesionales que intervienen en la justicia.

USO DE LAS TIC

Respecto al uso de las nuevas tecnologías, la decana del ICAB ha explicado que un 59% de los letrados encuestados por esta Corporación considera que no se han implementado correctamente las nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia, pero también ha indicado que el problema más importante radica en la falta de un sistema que sea eficiente en la notificación de las resoluciones judiciales por vía telemática. ‘Otra cosa debemos decir sobre la aplicación específica del sistema de videoconferencias en la relación abogado-cliente, que ha sido valorado como muy útil, aunque la todavía reducida utilización del sistema con los internos en los centros penitenciarios de Cataluña’, afirmó la decana del ICAB.

Gay ha considerado que las TIC resolverían otro problema que, en este momento sigue siendo un incumplimiento flagrante de las garantías en el proceso penal español, como son las trabas que recibe la abogacía para acceder al atestado. Y afirmó ‘mientras no haya una digitalización efectiva, con garantías de acceso a los elementos de las actuaciones policiales y / o judiciales que sean esenciales para la defensa del detenido o preso, no podremos mantener que este tema se ha resuelto. Quién debe tener este acceso digital con garantías debe ser el abogado o abogada que ejerce la defensa de esta persona’.

FALTA DE PRESENTACIÓN EFECTIVA EN EXPEDIENTES Y JUICIOS A LAS DELEGACIONES

El ICAB también ha denunciado la falta de presencia efectiva de fiscales en expedientes y juicios en determinadas delegaciones, especialmente en Vilafranca del Penedès y Berga. Gay explicó que ‘esta situación preocupa a la corporación porque hace entrar en crisis la tramitación de muchos expedientes, con demoras y en perjuicio de las garantías de las víctimas y de los menores’ y añadió que ‘de acuerdo con la ley del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal se deberían crear Fiscalías de Área y de Secciones Territoriales con las correspondientes plantillas de fiscales y con la dotación pertinente de funcionarios’. Por este motivo, el ICAB reclama una mayor coordinación entre diferentes administraciones (Ministerio, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Superior de Cataluña y Departamento de Justicia).

Hay que tener en cuenta que, aunque este tema afecta las delegaciones también es específicamente importante en el caso de los procedimientos de los Juzgados de Familia y de estado civil de las personas y de incapacitaciones. En este sentido, Gay ha recordado que ‘la propia memoria del Decanato de los Juzgados de Barcelona pone de manifiesto la grave situación de estos órganos judiciales, que en los últimos 2 años han duplicado el número de procedimientos que tienen que resolver’.

PROACTIVOS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La decana del Colegio también ha resaltado que un porcentaje importante de quejas que realizan los abogados y que hacen llegar a la CRAJ (Comisión de Relaciones con la Administración y la justicia) están relacionadas con el trato que recibe la Abogacía por parte de magistrados, jueces, fiscales y demás funcionarios que desarrollan sus funciones y actividad en el órgano de la Administración de Justicia.

Por último, el ICAB y, muy particularmente desde la CRAJ, quiere poner de relieve que esta institución ha llevado a cabo, desde julio de 2017, una serie de iniciativas y actuaciones para encontrar soluciones a los problemas de la Justicia: reuniones con Decanos y decanas de Juzgados, así como con sus delegados y delegadas; y con decanos y decanas de fiscalías, para establecer una relación directa con los responsables de las jurisdicciones y fiscalías que permita encontrar soluciones a los problemas de los profesionales de la abogacía. Y, por supuesto, con los diferentes miembros y delegados de las propias delegaciones del ICAB, para conocer de primera mano estos problemas a resolver.