El ICAB muestra su preocupación ante la posible limitación del principio de justicia universal

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) muestra su preocupación ante la decisión del Gobierno de tramitar una proposición de ley que limite el principio de la justicia universal, dado que conllevaría menospreciar la protección de las víctimas de unos crímenes que en Derecho internacional figuran como conductas que afectan a la esencia de la persona, es decir, los derechos humanos.

La legislación actual permite a la justicia española intervenir en favor de estas víctimas, a pesar de la reforma hecha, en 2009, del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder judicial, limita la extraterritorialidad a los casos en los que se reconozca la existencia de víctimas españolas o un vínculo importante con España. Esta normativa es la que permitió que la Audiencia Nacional pudiera aplicar el principio de jurisdicción universal al solicitar la extradición del general Pinochet, la querella del Tíbet contra la cúpula del Partido Comunista chino, así como las querellas contra los crímenes internacionales cometidos en Ruanda y en Irak, entre otros.

La nueva reforma propuesta pretende, entre otras cosas, distinguir entre los españoles nacionales de origen y los nacionales “por adquisición”, es decir, personas no nacidas en España pero que disponen de la nacionalidad de ese país para frenar aplicación del principio de justicia universal. Una distinción que puede presentar problemas de tipo constitucional.

Por tanto, teniendo en cuenta la importancia del derecho y de la justicia resulta cuestionable que el Estado español, a través del Congreso pueda aprobar una ley como esta, que pretende establecer barreras en la defensa de la justicia internacional y los derechos humanos, mientras que, por otra parte el Gobierno defiende la candidatura de España al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Hay que recordar, además, que la Carta de las Naciones Unidas en el artículo primero, relativo a sus propósitos, establece la necesidad de la cooperación internacional para solucionar problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario respetando los derechos humanos y las libertades de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.