El ICAB reivindica la necesidad de que la próxima legislatura apruebe varias leyes necesarias para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres

• Se compromete a presentar a los futuros diputados y senadores las propuestas de textos legales y a hacer seguimiento para conseguir su aprobación

 Hoy día 8 de marzo de 2019, Día de la Mujer, el ICAB recuerda que entre otras iniciativas que no se han llegado a aprobar en la legislatura que termina, a pesar de estar en trámite avanzado, se encontraba la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar la maternidad y la paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral. Era esta una iniciativa de especial relevancia para la abogacía. Por eso el ICAB reivindicó -a través de sus propuestas de enmiendas– que esta iniciativa también debía garantizar la interrupción de los plazos procesales en la tramitación de cualquier tipo de procedimiento judicial, arbitral o de mediación. Por ello, el ICAB reclama el compromiso de todos los partidos políticos que concurran a las elecciones del próximo 28 de abril que asuman esta propuesta.

También cree necesario seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género. Por ello instó, durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley (hoy ya ley) de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género que todos los profesionales que intervengan en procedimientos qué objeto sea propio de la materia de violencia de género tengan que recibir y acreditar una formación continua en violencia y perspectiva de género. La ley ha contemplado esta previsión, por ejemplo, en cuanto a los magistrados, pero hay que garantizar la protección de las víctimas de la mejor manera posible con una adecuada formación de todos los agentes jurídicos que desde el primer momento y durante la tramitación de los procedimientos judiciales hayan de intervenir (profesionales de la abogacía, de la pericia, de la traducción e interpretación, etc.)

Además, es absolutamente imprescindible que el ordenamiento jurídico español incorpore con toda su amplitud las previsiones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, sobre todo en cuanto a los aspectos propios del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En relación también con esta materia, por la directa relación que tiene con la violencia de género y la explotación de las mujeres, es necesario que las Cortes Generales aprueben en la próxima legislatura una Ley Integral de protección de las personas víctimas de la trata de seres humanos, que adopte un enfoque integral que incluya las medidas necesarias para la persecución efectiva de los delitos relacionados con estas conductas y los aspectos relacionados con la asistencia integral a las víctimas.

Por otra parte, entre las diferentes medidas para conseguir una igualdad efectiva de trato entre hombres y mujeres y luchar contra la discriminación, también se hará referencia a la falta de aprobación de las diferentes iniciativas legislativas para conseguir una Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. En el trámite parlamentario de estas iniciativas el ICAB ha reivindicado medidas de igualdad efectiva que ampliaban las que ya se habían incorporado en los textos de las iniciativas legislativas, como mediante la ampliación de los casos en que las empresas deben disponer de planes de igualdad. Con un país qué mayoría del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, es necesario que los planes de igualdad vayan más allá del límite de 250 personas trabajadoras y se incorpore en empresas aún más pequeñas. También hay que reclamar que aquellas empresas que pretendan contratar en el sector público deban reunir -entre sus condiciones de aptitud para hacerlo, tener un plan de igualdad; como también la deberían cumplir las asociaciones que pretendan ser calificadas de utilidad pública.

Por eso el ICAB se compromete a presentar a los futuros diputados, diputadas, senadores y senadoras las propuestas que hagan posibles estas reivindicaciones, a hacer seguimiento para conseguir su aprobación y hacer balance de la situación el próximo 8 de marzo de 2020.