El ICAM participa por primera vez en la reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial

En representación del Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso asistió ayer a la reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial, un hito histórico para la abogacía madrileña con el que Alonso cumple una de sus principales reivindicaciones desde que llegó al cargo.

El deseo de que el Colegio estuviera presente en estas reuniones ha sido un tema recurrente en los encuentros institucionales mantenidos por el decano desde su toma de posesión, ya que, según sus palabras, “la Abogacía tiene que estar presente como actor principal en este tipo de reuniones en las que se toman decisiones que repercuten muy directamente en la abogacía madrileña”.

Así, en presencia del presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González- Herrero; de la Juez Decana de Madrid, Mª Jesús del Barco; de la Fiscal Jefe de Madrid, Mª Pilar Rodríguez; y de distintos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Alonso ha trasladado a la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial una serie de propuestas destinadas a mejorar las condiciones en que la abogacía madrileña ejerce el derecho de defensa.

El decano madrileño ha hecho referencia a que, para el acceso de los letrados a los distintos juzgados, tribunales, dependencias judiciales y centros de detención sea suficiente su identificación con el carné profesional y no con el DNI, exactamente igual que sucede con la identificación en el atestado, tal y como se acordó por la Comisión de Coordinación el pasado 23 de enero.

Los distintos representantes institucionales han asegurado que no pondrían impedimentos en el acceso, previa identificación con el carné colegial, a las dependencias de la Audiencia Provincial, de los Juzgados de Plaza Castilla y de la Policía Municipal, aunque los letrados deberán seguir mostrando su DNI para acceder a la Audiencia Nacional, a las comisarías de la Policía Nacional y a las dependencias de la Guardia Civil.

Ante esta disparidad de criterio, el decano ha puesto de manifiesto su intención de tratar este tema con el Ministerio del Interior y la Delegación de Gobierno.

Las cuestiones relativas a los atestados policiales también han centrado gran parte de la reunión, solicitándose, por parte del ICAM, acceso pleno del abogado al contenido del atestado con anterioridad a la toma de declaración del cliente, así como que se facilite a los letrados una copia de los elementos o materiales que solicite.

La Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial ha mostrado su acuerdo, advirtiendo de que en los casos que afecten a terceros o haya un proceso de investigación abierto que pudiera verse perjudicado, no será posible dar cumplimiento a esta petición.

Para dar efectividad al derecho de asistencia letrada al detenido en cumplimiento de órdenes de detención, el Colegio ha propuesto que se permita la entrevista con su abogado/a en cualquier momento previo a su puesta a disposición del Juzgado ordenante.

Es decir, que si bien en dichos supuestos debe prevalecer siempre el traslado directo desde su domicilio o lugar de detención al juzgado o tribunal que ordenó la detención sin pasar por ninguna otra dependencia policial y en la forma que menos perjudique a la persona detenida, si, por razones de fuerza mayor, fuera necesario su paso por dependencias policiales, se reconozca expresamente en los criterios de la Comisión su derecho a la efectiva asistencia letrada.

Los asistentes han acordado estudiar esta propuesta, a fin de poder dar una respuesta al Colegio que permita garantizar el ejercicio del derecho de defensa.

Los representantes de la Comisión también han visto asumible la propuesta de acceso de los letrados a una zona de aparcamiento en las comisarías, cuarteles y centros de detención que dispongan de ella para facilitar la asistencia letrada, y han aceptado, como norma general, dar traslado al Departamento de Deontología del ICAM de los incidentes que puedan producirse con los letrados en lugar de proceder a la incoación de un expediente sancionador.

Por último, el ICAM ha pedido ser informado del protocolo aplicable en supuestos de detenidos que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa, con el objetivo de que a los letrados que les asistan se les facilite el material anticontagio necesario. Sin embargo, ante la advertencia de falta de presupuesto para este tipo de acciones, el decano del ICAM ha ofrecido que sea el propio Colegio el que facilite dichos materiales a los letrados cuando los necesiten.