El IPREM sube un 3,6% y eleva el umbral para acceder a la justicia gratuita

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) subirá un 3,6% hasta situarse en los 600 euros a partir del 1 de enero de 2023,  con lo cual se eleva el umbral para acceder a la asistencia jurídica gratuita. Al menos así lo contempla el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros y que en las próximas semanas será objeto de trámite parlamentario.

El IPREM es un índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Se creó en 2004, con un valor de 460 euros, para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia para estas ayudas. Ha ido creciendo a un ritmo menor que el SMI para facilitar el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas. Durante la década de 2010 a 2020 estuvo prácticamente congelado.  En el 2021 se revalorizó un 5% y un 2,5% en 2022 hasta los 579,02 euros.

Este índice sirve de referencia para las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, becas, ayudas a la vivienda, para establecer límites fiscales o en el cálculo y acceso a prestaciones sociales. De ahí su importancia para los colectivos más desfavorecidos.

Según  recoge el artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tendrán derecho a la Justicia Gratuita los ciudadanos que  careciendo de patrimonio suficiente no superen por  unidad familiar  los siguientes umbrales:

• Dos veces  el IPREM vigente en el momento de la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
• Dos veces  y media el IPREM vigente en el momento de la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar  con menos de cuatro miembros.
• El triple de dicho  indicador cuando se trate de unidades familiares formadas por  cuatro o más  miembros o que  tengan reconocida su condición de familia  numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

El IPREM se actualiza anualmente a través de la Ley de Presupuestos, de forma que  se debe usar  como referencia el último valor publicado de manera oficial.