El juzgado ‘tortuga’ de Sevilla: vistas en 2025

Esperar cuatro años para cobrar, o no, una indemnización por despido. Ese es el panorama al que se enfrentan muchos trabajadores en Sevilla, donde el juzgado de lo Social nº 3 es el que más tarda en resolver de toda España: más de 36 meses de media.

Antonio era minero en Cobre las Cruces (Sevilla) hasta que fue despedido en un ERE colectivo en 2020. Le correspondían 10.000 euros, en concepto de indemnización mínima. Pero no se los pagaron y presentó una demanda en los Juzgados de lo Social. Su juicio ha sido señalado para 2024 y la comparecencia para el embargo cautelar a la empresa para dentro de ocho meses. Teme que cuando se celebre el juicio, la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores, ya estará en liquidación y no cobrará la cantidad que legalmente le corresponde.

El de Antonio no es un caso aislado.  En Sevilla la gravedad de la situación se explica con una sola fecha: 2025. Éste es el año para el que el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla está ya señalando juicios en la actualidad, es decir, a más de tres años vista. Y la media para que un juez determine si un despido fue o no legal o de declarar un despido nulo, ante la situación de sobrecarga y atasco, es de dos años y medio de espera.

“Además de suponer un ataque a la protección de los derechos de los justiciables, cuanto más tarde se señalan los juicios, más difícil es llegar a acuerdos en cuestiones laborales y más complejidad adquieren en asuntos sociales”, explica Francisco Hazas Viamonte, magistrado que acaba de hacerse cargo de este juzgado sevillano que tiene el dudoso honor de ser el más lento de España. Tarda en resolver la friolera de 36 meses y 3 días, según la plataforma de análisis jurídico Jurimetría.

En los juzgados de lo social de Sevilla se acumulan decenas de miles de asuntos pendientes de resolver. “El cuello de botella se encuentra en el dictado de sentencias”, explica el magistrado, para quien la mejora de la situación pasaría por la creación de nuevos juzgados o unidades judiciales.

En 2010 había en Sevilla 11 juzgados de lo Social, cuenta el juez Hazas, y hoy, hay solamente uno más, 12, que entró en funcionamiento en diciembre del año pasado. Está previsto que en enero entre en funcionamiento el Juzgado nº 13. Pero aún así, “no será suficiente”, afirma el magistrado. En su última memoria, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimaba que era necesaria la creación de, al menos, tres o cuatro nuevos juzgados o unidades judiciales.

“El colapso en Sevilla es superior debido a que es uno de los puntos de España con más entrada de asuntos y menor número de juzgados. Debe tenerse en cuenta que el número de asuntos que el propio Consejo General del Poder Judicial considera que debe resolver un juzgado de lo social es de 800 al año”, dice Hazas. En Sevilla están resolviendo 1219, según el CGPJ.  “Supone un 47% más de sobrecarga de trabajo, por lo que resulta lógico que el tiempo de respuesta sea muy superior. Y la media nacional del último año publicado por el CGPJ (2019) es de 1064 asuntos por juzgado”, cuenta.

El abogado Daniel Sánchez Bernal coincide en que hacen falta más juzgados, porque “es innegable la carencia de medios legales, personales y recursos materiales”. Pero esto, indica, “no puede ser causa suficiente para dilatar tanto los procedimientos”. Denuncia que a los abogados se les exige un determinado plazo de tiempo para presentar documentos o para recurrir. Y, por tanto, “nosotros debemos exigir lo mismo a los jueces y letrados de la Administración de Justicia”, reclama este abogado, que consiguió adelantar a noviembre de este año un juicio señalado para 2024.

Como última medida, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha mantenido cuatro jueces de refuerzo en los Juzgados de lo Social. Para Sánchez Bernal, “son parches que no solucionan, en lugar de ir a la raíz del problema”.  Por eso aconseja que “se utilice la nueva bolsa de interinos de Andalucía, que está a punto de constituirse, para desatascar la Administración de Justicia”.

“En Sevilla ya nos hemos acostumbrado a que se celebren juicios por despido más allá de dos años después de producirse el despido y es algo que en un Estado democrático de Derecho, no se puede consentir”, lamenta el abogado Miguel Cuellar Portero, para quien “la única solución es un gran Pacto por la jurisdicción social en Sevilla en el que intervengan todos los actores implicados”.

Esta situación tampoco le es ajena al abogado Joaquín Moeckel Gil. “La justicia es la hermana pequeña y menos atendida de todos los problemas de los ciudadanos”, puntualiza. Mientras la Justicia “no esté dentro de las encuestas como una prioridad para los ciudadanos, los políticos no se preocuparán por la situación”.

Y la situación actual de este juzgado podría todavía empeorar, a juzgar por la última memoria del TSJA que prevé un aumento de asuntos derivados de la renta mínima vital, las prórrogas de los ERTE y los despidos colectivos.