El ministro de Justicia clausura el ciclo ‘Acceso Universal a la Justicia’ en el que participa la Abogacía Española

El encuentro que fue clausurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se enmarca en el ciclo ‘Acceso Universal a la Justicia’, que organiza el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Fondo ODS), el Consejo General de la Abogacía Española y la Universidad de Navarra, y aborda el derecho de acceso a la justicia desde la perspectiva de las Naciones Unidas y de las regiones de Europa, Lationamérica y África.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que clausuró el ciclo de encuentros, indicó que “el acceso no solamente es una meta, sino también una clave esencial para el desarrollo del resto de objetivos que se trabajan en la Agenda 2030”. El ministro recordó que “si queremos una sociedad inclusiva, tenemos que llegar a todos y contar con todos, porque la obligación es con la ley, pero sobre todo con las personas”

Oriol Rusca, presidente del Senado del Consejo General de la Abogacía, destacó los dos proyectos sobre acceso a la Justicia. Por un lado, el programa que se desarrolla en Iberoamérica para fomentar que las personas con más problemas tengan acceso a los tribunales y, por otro lado, el programa de atención a presos españoles en Latinoamérica.

Oriol Rusca afirmó que la “Abogacía Española siempre ha tenido un atención especial para favorecer el acceso a la Justicia para los más desfavorecidos”

En la conferencia también intervino la directora de desarrollo del Fondo ODS, Paloma Durán, quien recordó que el acceso universal a la justicia es central para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tanto a nivel nacional como internacional, lo que requiere entender los diferentes contextos. “El acceso a la Justicia se logra teniendo instituciones fuertes, lo que permite que estemos más cerca de la democracia, que es la que garantiza que se respeten los derechos mínimos de cualquier ser humano”, subrayó Durán quien además destacó la coincidencia del evento con la celebración de la declaración de los Derechos Humanos.

El secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Arkel Benítez, advirtió que “sin instituciones sólidas y transparentes, es imposible garantizar el acceso a la justicia en regiones donde las condiciones de vulnerabilidad son acentuadas” y aseguró que en Latinoamérica el acceso a la justicia continúa siendo “un tema sensible”, pues se trata de un reto que “se trata de las puertas de los tribunales hacia adentro”. Benítez explicó uno de los trabajos que desarrolla la COMJIB, el de establecer un criterio estratégico que permita analizar la situación real del acceso a la justicia en Latinoamérica.

En la misma línea, el presidente de la East African Court Justice (EACJ), Emmanuel Ugirashebuja, reconoció que el acceso a la justicia “es complicado en el contexto de África, donde hay un gran número de países con instituciones que tienen unas estructuras legales frágiles y donde el mismo concepto tiene diferentes significados”. El presidente de la EACJ abordó aspectos sociales, políticos y económicos que debilitan el sistema judicial en el continente africano, como la corrupción, y aseguró que, para lograr el acceso “hay que trabajar para generar confianza en el sistema judicial”.

Un informe para analizar el objetivo 16

En los encuentros anteriores, el ciclo ‘Acceso Universal a la Justicia’ ha contado con el director de la Unidad de Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva de la Secretaría General de la ONU, Alejandro Álvarez; y el jefe de la División de Independencia y Eficiencia de la Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa, Stéphane Leyenberger.

El objetivo de este ciclo de encuentros es analizar el acceso universal a la Justicia desde las perspectivas internacional, europea, latinoamericana y africana, lo que permitirá elaborar un informe final para abordar el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Con el fin de promover los objetivos fijados en esta Agenda, Naciones Unidas creó en 2014 el Fondo ODS, un mecanismo de cooperación al desarrollo establecido que contó con una aportación inicial del Gobierno de España. El Fondo ODS trabaja con las diferentes agencias de la ONU para llevar a cabo proyectos e iniciativas concretas de desarrollo sostenible y desarrolla programas conjuntos contra la pobreza en sus múltiples formas, donde participan todos los actores del desarrollo: desde agencias de Naciones Unidas, gobiernos nacionales y locales, hasta representantes del mundo académico, organizaciones civiles y empresas.