El Observatorio de la Abogacía en Riesgo denuncia el acoso a abogadas colombianas

El Observatorio de la Abogacía en Riesgo (OIAD) ha condenado los ataques, amenazas, intimidación y acoso sufridos por varias abogadas colombianas defensoras de derechos humanos y ha pedido a las autoridades que las protejan y sanciones a los autores.

Estos hechos, denuncia, “ponen en peligro el libre e independiente ejercicio de la abogacía, así como el efectivo acceso a la justicia de las víctimas”.

Andrea Torres Bautista fue retenida el 21 de mayo junto a su marido, y sufrió agresiones físicas y el robo de todas sus pertenencias. También ha sufrido el robo de información sensible sobre casos jurídicos mediante un ataque informático. Debido a su situación de alto nivel de riesgo, cuenta protección otorgada por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Torres es abogada defensora de derechos humanos, coordinadora jurídica y subdirectora de la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB), una organización compuesta principalmente por mujeres familiares de víctimas. Ha sido protagonista en la representación jurídica, visibilización y acompañamiento a víctimas de desaparición forzada y violencia sexual en Colombia.

Desde septiembre de 2020, la abogada María Alejandra Garzón Mora ha sufrido graves amenazas, ataques digitales -fallos en las telecomunicaciones e interceptación de llamadas-, vigilancia constante, seguimientos y agresiones verbales. Las amenazas recibidas hacen alusión a su labor como representante legal de víctimas de protestas sociales en el país. Comenzó a contar con protección en marzo de 2021, aunque estas medidas disminuyeron en febrero de 2022. Una reciente sentencia reconoce el riesgo extraordinario que sufre e insta a que se mantengan las medidas iniciales hasta que se reevalúe su situación.

Yessika Hoyos Morales ha sufrido graves amenazas y un allanamiento por su labor como representante legal de un de las víctimas de la masacre de Mondoñedo. Alfonso Mora León, padre de la víctima, también ha sufrido amenazas similares. En junio de 2021 recibieron amenazas de muerte a través de mensajes de texto. Hoyos Morales es abogada defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización que representa a víctimas del conflicto armado en Colombia, ante instancias nacionales e internacionales.  

Desde diciembre de 2019 Luz Estella Romero Villalba ha sufrido cuatro graves ataques contra ella, miembros de su familia, la sede de COLEMAD (Asociación Colectivo Mujeres al Derecho, de la que es representante y coordinadora) y terceras personas de su entorno. El 26 de diciembre de 2019 su hijo fue víctima de un intento de secuestro y desaparición forzada. Además, la abogada denuncia un permanente hostigamiento a su familia y en particular a su hijo, consistentes en seguimientos visibles y amenazas por teléfono, correo e incluso cara a cara.

A pesar de haber denunciado estos hechos no ha recibido respuesta efectiva de las autoridades. Debido a esta situación de alto riesgo, la abogada y su familia han tenido que desplazarse de manera forzada, interrumpir el ejercicio de su profesión y sufrir desgaste emocional.

El Observatorio recuerda que “la independencia de la abogacía es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho”, según se recoge en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados, en particular los Principios 16, 17, 18 y 22.