El Observatorio de la Abogacía en Riesgo denuncia la condena a18 años de cárcel del abogado turco Can Atalay

El Observatorio de la Abogacía en Riesgo (OIAD) ha denunciado la condena a 18 años de cárcel, sin evidencia probatoria, del abogado turco Can Atalay y ha pedido su liberación al gobierno turco.

Can Atalay ha defendido a varios presos políticos y víctimas de la catástrofe minera de Soma (301 muertos en 2014). En 2013 ya fue juzgado por los mismos hechos y fue absuelto. La extrema severidad de la acusación del fiscal en este nuevo procedimiento se explica por el hecho de que el gobierno de entonces se personó como demandante civil. El abogado está acusado a día de hoy de haber buscado “derrocar el gobierno”.

El OIAD, que junto al Colegio de Abogados de París llevó a cabo una misión de observación judicial durante la primera vista al abogado, pide la liberación inmediata de Can Atalay, “condenado por ejercer la abogacía” y solicita que “las autoridades turcas respeten sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que hagan todo lo posible para garantizar el derecho a un juicio justo”.

El Observatorio también les recuerda que “la independencia de la profesión jurídica es uno de los principales indicadores de la salud democrática y de la consolidación del Estado de Derecho, de conformidad con los Principios de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (1990)”.

Junto al abogado, han sido condenados el arquitecto Mücella Yapıcı, el productor de Çiğdem Mater, el director del Science Po de la Universidad de Bogazici, Hakan Altınay, el director de documentales, Mine Özerden, el arquitecto Tayfun Kahraman, y el profesor Yiğit Ali Ekmekçi. El OIAD apunta que han sido condenados “en base a motivos políticos”. Además, Osman Kavala, editor, mecenas y defensor de derechos humanos ha sido condenado a cadena perpetua tras permanecer cuarto años y medio en prisión preventiva injustificada.

Kavala ha sido condenado por «intento de derrocamiento del gobierno» en el juicio por las protestas del Parque Gezi, en las que participaron casi cinco millones de personas en 2013,  “lo que marcó el inicio de la deriva autoritaria y represiva de las autoridades turcas en las principales ciudades de Turquía”, señala el OIAD.

Para el Observatorio de la Abogacía en Riesgo, esta decisión sobre Kavala “no sólo contradice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que condenó a Turquía por violar el derecho a la libertad de Osman Kavala, sino que pone de manifiesto una vez más la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial en Turquía, que ha sido criticado por las autoridades europeas en numerosas ocasiones”. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ya ha iniciado un procedimiento de infracción contra Turquía por su negativa a liberar a Osman Kavala.