El Observatorio para la Abogacía en Riesgo apoya al abogado peruano Juan Carlos Ruiz frente a la criminalización de su actividad profesional

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en nombre del  Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo ha dirigido una carta al presidente del Poder Judicial peruano, Víctor Prado Saldarriaga, para expresar la preocupación del Observatorio por la situación procesal que atraviesa el abogado peruano Juan Carlos Ruiz Molleda a raíz de la denuncia interpuesta en su contra al habérsele atribuido la comisión de un delito de falsificación documental.

El Observatorio traslada su solidaridad y apoyo al abogado afectado, obligado a vivir en unas circunstancias que entorpecen su labor profesional en defensa de los derechos de las personas.

Según las informaciones recibidas, Juan Carlos Ruiz fue objeto de una denuncia, con fecha de 2 de octubre de 2015, por parte del Ministerio de Salud de Perú (MINSA) y del Instituto Nacional de Salud del país americano (INS). En la denuncia se acusa al abogado de utilizar un informe médico presuntamente falso, que adjuntó a una publicación de 2015 en la que se relata la grave situación socio ambiental que se vive en la provincia de Espinar en el departamento de Cusco (Perú). En este artículo el abogado hizo pública la crisis de intoxicación por metales pesados que padece la población campesina de Espinar y que, en aquel momento, habría ocasionado la muerte de Margarita Ccahuana Córdova, natural de la comunidad campesina de Alto Huancané, Cusco.

Desde 2010 la comunidad de aquella zona reclama al Estado una atención especializada por las afectaciones a la salud que se producen como consecuencia directa de la intoxicación a la que se hace referencia. El Instituto de Defensa Legal, del que forma parte Juan Carlos Ruiz, decidió patrocinar a la Federación Unificada de Campesinos de Espina así como a otras organizaciones indígenas locales con el fin de emprender las acciones legales oportunas para garantizar el respeto a sus derechos fundamentales y eventualmente obtener las medidas de reparación que en su caso corresponda.

Tras pasar por diferentes instancias del Poder Judicial peruano, en de junio de 2018 el Ministerio Público peruano presentó una acusación contra Juan Carlos Ruiz con el cargo  de delito de uso de documento falso, delito castigado con una pena privativa de libertad de dos años y una pena accesoria de 30 a 90 días de multa.

A la hora de presentar la acusación el Ministerio Público no habría tomado en consideración, como parte de su valoración jurídica, los descargos realizados por la defensa de Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores Plonge (médico ambientalista también acusado), principalmente los expuestos en su solicitud de sobreseimiento. Por tanto, la documentación habría sido expuesta sólo parcialmente con el objeto de demostrar la culpabilidad de los letrados.

De acuerdo a la información recibida, el documento cuya validez es cuestionada por un defecto de forma –según alega el Ministerio Público- consiste en un análisis de metales en sangre de la difunta Margarita Ccahuana. Dicho documento consta de la huella dactilar de Margarita Ccahuana –no sabía escribir- y la firma de sus hijos, quienes previamente y con todos los trámites legales habían solicitado la representación de Juan Carlos a través del Instituto de Defensa Legal.

OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE ABOGADOS EN RIESGO

El Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo fue creado en el año 2011 por iniciativa del Conseil National des Barreaux (Francia), Barreau de Paris (Francia), Consejo General de la Abogacía Española (España) y Consiglio Nazionale Forense (Italia). En el año 2016 se reactivó para hacer un seguimiento de los casos y situaciones que limitan o impiden el libre ejercicio de la abogacía en cualquier parte del mundo. Su objetivo coincide con el de la Abogacía Española, es decir, prestar un apoyo efectivo a la abogacía amenazada o perseguida por razones asociadas el ejercicio de la profesión.