El papel determinante de la abogací­a en el conflicto de Oriente Próximo

Por Ana Fernández Leiva

Desde muchos rincones del planeta llegan las condenas ante las desproporcionadas y violentas reacciones de los gobiernos contra las manifestaciones pacíficas surgidas en Oriente Próximo. En algunos países paulatinamente se reestablece la calma. Túnez y Egipto se preparan para el proceso de democratización. 14 días de revueltas, protestas y desesperación para expulsar veintitrés años de totalitarismo en el caso de Túnez y 18 días para expulsar casi treinta años en el caso de Egipto. Ben Alí primero, después Mubarak ya están fuera. Ahora le toca al pueblo construir, si se lo permiten, una democracia que asoma entre un periodo de transición complejo.

Libia, donde ya se amontonan miles de cadáveres, hierve desde que el pasado 16 de febrero los cuerpos de seguridad del Gobierno de Muamar Gadafi, en el poder desde el 69, detuvieran al abogado libio Fathi Tarbel, militante de un movimiento que lucha por la memoria de los muertos en un tiroteo  en la prisión de Abu Salim en Trípoli en 1996.

No es un hecho aislado, en la mayoría de los países de Oriente Próximo las fuerzas de seguridad del Estado no han dudado en apresar a abogados y defensores de los derechos humanos al menor símbolo de manifestación de libertad de expresión.

El denominador común de todo el clima de tensión entre cada uno de estos países es desde Marruecos hasta Irán, es la gigante crisis social a la que están expuestas las sociedades árabes, que desemboca en la búsqueda de las reformas de gobierno. Se tratan en la mayoría de los casos de  países presididos por regímenes totalitaristas que llevan décadas en el poder. Las nuevas generaciones no quieren asumir las imposiciones y piden procesos de democratización para obtener garantías de empleo, futuro pero sobre todo, libertades.

ANTECEDENTES

El Consejo General de la Abogacía Española, en su compromiso en defensa de los Derechos Humanos, realiza un continuo seguimiento de todos aquellos países donde los profesionales de la justicia no pueden ejercer libremente su profesión. Así ha manifestado su solidaridad y apoyo al pueblo de  Marruecos, Argelia, Libia, y Túnez, prestando especial atención a la situación de los abogados y a analizar los problemas a los que éstos se enfrentan en cada país. Y, al igual que la Unión Europea, reclama el ejercicio de los derechos universales de libertad de expresión y de reunión y muy especialmente el derecho de defensa sin el cual todos los demás no pueden hacerse efectivos. Sin embargo, el trabajo del CGAE en defensa de los Derechos Humanos en países donde el Islam es la religión imperante ha tenido otras experiencias. Así, en el año 2008 el abogado español, Román Oria, se desplazó a Pakistán apoyado por el Consejo General de la Abogacía Española y comisionado por la Unión Internacional de Abogados (UIA) con el fin de comprobar la situación de los letrados. Tras varias reuniones con el presidente de los abogados pakistaníes se denunció al Gobierno pakistaní de las continuas represiones que sufrieron los abogados a raíz de las manifestaciones en 2007 contra del estado de excepción decretado por el ahora ex presidente Prevez Musharraf.

En Irán, desde la denominada revolución verde en 2009, consecuencia del presunto fraude electoral que otorgó la victoria a Mahmud Ahmadineyad, la tensión con los defensores de los derechos humanos se ha convertido en  un hecho cotidiano. Al año son apresados decenas  de abogados por defender las libertades de los civiles, de los colectivos más vulnerables. La excusa del gobierno iraní es que amenazan la seguridad nacional y participan en una supuesta conspiración generada en el exterior.

La mayoría de los abogados iraníes es incapaz de ejercer su profesión en defensa de los Derechos Humanos. La Abogacía española ha denunciado en varias ocasiones, apoyado y reconocido con su Premio Derechos Humanos, a este colectivo que lejos de alcanzar la libertad profesional ha sufrido encarcelamientos, torturas y medidas desproporcionadas por parte del ejecutivo.

Uno de los casos más notorios es el de la abogada Nasrin Sotoudeh, pionera en la defensa de menores de edad, mujeres y minorías religiosas continúa encarcelada en la prisión de Evín, con una condena de condena 11 años y la prohibición expresa a ejercer la Abogacía. La declaran culpable de hacer propaganda contra el Islam y contra el régimen iraní y de tener contacto con grupos terroristas. Lo mismo sucede con Javid Houtan Kian, también preso y previsiblemente torturado en prisión, abogado de Sakineh M. Ashtianí, la ciudadana iraní condenada a morir,  primero en lapidada y después en la horca, acusada de adulterio y de asesinar a su marido. El primer abogado de Sakineh, Mohammad Moustafaei, también premio Derechos Humanos del CGAE, se vio obligado a exiliarse a Noruega, no sólo perseguido por el caso de la mujer iraní sino por su trayectoria como defensor de los Derechos Humanos, especialmente en casos de condenas a muerte a mujeres y a menores.

LOS CIVILES DE TÚNEZ Y EGIPTO EXPULSAN A SUS REGÍMENES

El pasado mes de octubre comenzó una fase efervescente en Túnez, donde han muerto decenas de personas por la represión oficial.  Los abogados del país han sido sometidos a persecuciones, agresiones físicas y verbales y a detenciones por defender casos de disidentes y por ser críticos con la política de Ben Alí.  Tanto es así que los despachos de abogados han estado durante meses bajo vigilancia policial y sus clientes han sido intimidados.

El 31 de diciembre de 2010, los abogados tunecinos fueron víctimas de la violencia policial durante la manifestación celebrada frente a los tribunales de Túnez, cuando  apoyaban a los habitantes de la ciudad de Sidi Bouzid, principal foco de las protestas. Posteriormente, los abogados continuaron desempeñando un papel ejemplar en la defensa de las libertades, convocando una huelga el 6 de enero que fue secundada de forma masiva por miles de abogados ante el uso sin precedentes de la fuerza para acallarlos. Y la fuerza no ha evitado que en Túnez siguieran pidiendo a gritos el cambio de gobierno hasta forzar la salida de Ben Alí.  En ausencia del presidente, el cargo fue asumido de manera interina por el primer ministro, Mohamed Ghanuchi, quien sin embargo ha tenido que dimitir tras las protestas de los manifestantes que exigen las reformas inmediatas en es