10 julio 2018
El Parlamento Europeo considera que la ayuda humanitaria a migrantes no debe ser un delito
El Parlamento Europeo votó durante el pleno celebrado la pasada semana en Estrasburgo una resolución no legislativa en la que exigen que la UE garantice que ayudar a inmigrantes por razones humanitarias no sea considerada delito. Los eurodiputados muestran preocupación por las consecuencias indeseadas que la legislación comunitaria sobre ayuda a la migración irregular está teniendo en los ciudadanos que ofrecen asistencia humanitaria a inmigrantes y solicitantes de asilo. El texto fue aprobado por el pleno del Parlamento a mano alzada.
En virtud de la Directiva 2002/90/CE sobre “facilitación”, los Estados miembros de la UE están obligados a introducir en su legislación sanciones penales contra quienes faciliten la entrada, la circulación y la estancia irregulares en su territorio. No obstante, la resolución recuerda que la norma también da a los países la opción de no penalizar la ayuda cuando ésta sea de carácter humanitario y lamentan que sólo algunos Estados miembros hayan incorporado en su legislación excepciones sobre asistencia humanitaria.
Los eurodiputados destacan que la actividad de particulares y ONGs, por ejemplo en operaciones de rescate en mar y tierra, “apoya y complementa” las acciones de salvamento llevadas a cabo por los Estados miembros. Dejan claro que estas tareas deben respetar la Directiva 2002/90/CE y en todo caso deberán desarrollarse “bajo el control” de las autoridades nacionales.
La Eurocámara insta a los gobiernos a introducir la citada excepción sobre asistencia humanitaria, para garantizar que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que asisten a inmigrantes por razones humanitarias no sean criminalizados por hacerlo.
Por último, el texto solicita a la Comisión Europea que adopte unas directrices para los estados miembros especificando qué formas de ayuda no se penalizarán, con el fin de asegurar claridad y uniformidad en la aplicación de la Directiva 2002/90/CE y evitar la criminalización injustificada de la asistencia humanitaria.
El papel de los trabajadores humanitarios y las ONGs está ganando protagonismo en el contexto de un debate político más amplio sobre cómo gestionar la llegada de inmigrantes y refugiados a la UE, con algunas voces acusándoles de incentivar el tráfico de seres humanos y de actuar al borde de la legalidad. En mayo, un grupo de voluntarios españoles fue absuelto en Grecia de una acusación de tráfico de personas tras haber sido detenidos cuando prestaban ayuda a solicitantes de asilo que llegaban a la isla de Lesbos desde Turquía.
Casos como el de Helena Maleno, acusada de tráfico de personas y respaldada en su labor por el Premio Derechos Humanos de la Abogacía Española, también pone de relieve la necesidad de establecer una serie de directrices europeas aplicables en todos los Estados miembros y terceros países.
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