El PP introducirá otra enmienda en la Ley de Extranjería para recoger asilo en fronteras

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ultima la redacción de una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para incorporar, junto a la legalización de las devoluciones en caliente, una mención expresa a la posibilidad de pedir asilo en los “lugares habilitados al efecto” en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, esta previsión se incorporará a la Ley de Extranjería en la disposición adicional décima creada durante el trámite en el Congreso de los Diputados para regular el “régimen especial” de Ceuta y Melilla en lo que a gestión de las migraciones se refiere.

Esta es la misma disposición que prevé la creación del rechazo en frontera, una nueva figura jurídica sólo aplicable en las ciudades autónomas bajo cuyo amparo se legalizará la entrega sobre la marcha a Marruecos de cuantos inmigrantes sean interceptados “mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.

La nueva adición, cuya redacción se ultima en la Cámara Alta ante el cierre del plazo de enmiendas que tendrá lugar este martes, establece que las solicitudes de protección internacional “podrán formalizarse” en los lugares que se hayan habilitado para ello en los puestos fronterizos, y se tramitarán conforme a la normativa de protección internacional.

Se refiere así a las oficinas de asilo cuya creación ha sido proyectada por el Ministerio del Interior con intención de que se inauguren el próximo mes de marzo, evento al que ha sido invitado el Comisario de Interior e Inmigración de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulus.

Según informó el departamento de Jorge Fernández Díaz el pasado 5 de noviembre, en estas instalaciones, que contarán con letrados e intérpretes, los interesados podrán formalizar su petición de protección internacional siguiendo el llamado procedimiento en frontera, el mismo que funciona en aeropuertos internacionales como el de Madrid Barajas.

No obstante, la existencia de estos puestos no eximiría de la posibilidad de pedir asilo en cualquier otro momento en Ceuta y Melilla u otro punto del territorio nacional una vez se ha entrado en España, puesto que la Ley de Asilo establece que “la entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional”.

Esta normativa contempla el derecho a solicitar la protección durante un plazo de un mes desde la entrada en el país o desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen la petición, aunque en la práctica el plazo es mayor, pues determinados perfiles, como el de las víctimas de trata, no siempre tienen la posibilidad de cursar la instancia a su llegada al país o desconocen incluso que tienen ese derecho.

A diferencia de lo que ocurre en las salas del aeropuerto, en las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla los solicitantes podrán acceder a las ciudades autónomas y alojarse o en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o en un domicilio particular mientras se resuelve la admisión a trámite de su petición, gestión que lleva un máximo de cuatro días, ampliables a diez si ACNUR así lo solicita.

Aunque las oficinas como tal no han sido creadas, los agentes policiales del puesto fronterizo de Melilla vienen recogiendo solicitudes de asilo desde el pasado mes de septiembre, cuando se puso en marcha la iniciativa de forma piloto.

NINGUNA PETICIÓN DE SUBSAHARIANOS

Según los datos del ACNUR a los que ha tenido acceso Europa Press, desde entonces y hasta el 31 de diciembre se recogieron 400 peticiones en el puesto fronterizo de Beni Enzar, a las que se suman otras 400 presentadas a lo largo del mes de enero de 2015. La mayoría de las solicitudes fueron registradas por ciudadanos sirios, aunque también figuran de iraquíes y de algún palestino.

No se recogió ni tramitó ninguna solicitud de ciudadanos procedentes de países subsaharianos –mayoría entre quienes intentan el salto de la valla–, aunque son muchos los Estados al sur del desierto que están en guerra o cuyos Estados no respetan los derechos humanos.

En este sentido, tanto el ACNUR como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa han expresado su preocupación por el hecho de que estas personas, que no tienen libertad de circulación en Marruecos porque se encuentran en situación irregular, no puedan acceder hasta el puesto español para pedir la protección que están buscando.

El Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre este asunto, que es competencia de Marruecos, pero su titular ha declarado este lunes que “quedará muy claro que aquellas personas que intentan entrar ilegalmente no son personas que en principio tengan derecho a esta petición de asilo y protección internacional, porque podrán ejercerlo a través de esas oficinas habilitadas”.