PP y CiU piden al Gobierno que regule en una ley la actuación de los jueces de vigilancia penitenciaria

El Senado ha aprobado, el miércoles, 8 de junio, una moción del PP, con el apoyo de CiU, en la que se insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que aclare los interrogantes suscitados en torno a la actuación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria. Así, deberá concretar qué órgano es el competente para resolver los recursos de los presos o sus familiares contra denegaciones de ‘vis a vis’ o si las víctimas pueden instar la revocación de permisos de salida o de beneficios penitenciarios.

El portavoz del PP en materia de Justicia, Manuel Altava, ha sido el encargado de defender esta pionera iniciativa que tiene como objetivo lograr que se aúna en un mismo cuerpo legal el procedimiento a seguir por parte de jueces, abogados, internos o víctimas y delimitar las competencias de estos togados. La moción, aprobada por 158 votos a favor frente a 78, ha contado con el rechazo del PSOE, el PNV y la Entesa.

Entre las cuestiones que, para los ‘populares’, se deben concretar se encuentra la capacidad del interno de recurrir decisiones de la Administración Penitenciaria que afecten a sanciones, por ejemplo al aislamiento, o a su régimen de comida en caso de que sea un interno sometido a un tratamiento especial por una enfermedad.

Otros “múltiples” aspectos que debería desarrollar esta normativa radicarían en el juez competente para ordenar la práctica de pruebas radiológicas; la legitimación de las víctimas para recurrir permisos de salida o beneficios penitenciarios; o la defensa letrada, especialmente, para presos con graves problemas psíquicos o reclusos sin recursos que necesiten ser acogidos por la Ley de Justicia Gratuita.

El senador ‘popular’ ha destacado que la Administración Penitenciaria funciona bien, pero que todos los jueces de vigilancia penitenciaria –él mismo lo fue– y, en definitiva, “el mundo judicial agradecerán” que se formalicen y concreten todas estas cuestiones en un proyecto de ley puesto que, en la actualidad, están dispersas en numerosas leyes y disposiciones.

Tras repasar la Ley General Penitenciaria de 1979, la Ley del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o algunas cuestiones reguladas en el nuevo Código Procesal Penal, ha concluido que hace falta “precisar los ámbitos resolutivos” y “promulgar normas procesales adecuadas”. Ha recordado que los propios jueces de vigilancia penitenciaria pidieron en 2012 aclarar qué magistrado debería realizar la supervisión del preso en libertad vigilada.

“El Código Procesal Penal es un primer paso y va en esa buena línea de conseguir un código procesal uniforme. Los magistrados destinados en el orden de lo Contencioso-Administrativo tienen su ley jurisdiccional, los jueces de lo laboral tienen su propia ley. ¿Por qué sustraemos a que los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, dentro del orden pena y con una especificad muy importante, tengan su propia ley?”, se ha preguntado.

RECHAZO DE PSOE, PNV Y ENTESA

El portavoz del PSOE en Justicia, Arcadio Díaz-Tejera, ha afirmado durante su intervención que la normativa actual es “breve, flexible y garantizador” y que “ha funcionado” durante 34 años. “Si hay algo que funciona, mejor no tocarlo”, ha aseverado.

Ha expresado su temor a que el Gobierno no se limite solo a refundir en un solo texto la normativa existente por “el andar” que ha seguido el Ministerio de Justicia. En cualquier caso, ha precisado que ya existen respuestas a preguntas formuladas por el parlamentario ‘popular’ porque, de lo contrario, el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado sobre la vulneración de los derechos de los presos en las cárceles.

Desde el PNV, el senador Jokin Bildarratz ha considerado que no es el “momento adecuado” para abordar un debate tan técnico y complejo, al tiempo que ha recordado que el Código Procesal Penal ya regula algunos de estas cuestiones. “Estamos de acuerdo con algunos puntos pero no es el momento adecuado”, ha agregado.

Por su parte, el senador de la Entesa Joan Saura ha justificado su rechazo en que “no tiene sentido” pedir al Gobierno que regule esta materia cuando tiene en sus manos el Código Procesal Penal. “Nos encontramos con una propuesta del Ministerio y otra del PP que dice que hay que regularlo a parte. No sé si hay una contradicción o una descoordinación”, ha remachado.

Por último, la parlamentaria de CiU Eva Parera ha mostrado su sorpresa por la iniciativa que ha partido por el grupo que apoya al Gobierno, si bien ha dado su bienvenida para “eliminar disfunciones en materia de competencias” para no causar indefensión.