El PP pide regular las cuestiones prejudiciales en el ámbito Contencioso-Administrativo

El Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a regular las cuestiones prejudiciales en el ámbito Contencioso-Administrativo, una figura que ya está contemplada tanto en el orden Penal como en el Civil, informa Europa Press.

Según detalla la iniciativa, recogida por Europa Press, la cuestión prejudicial es aquella que surge en el seno de un proceso y que, por razón de su objeto, debería ser resuelta por un tribunal distinto al que está conociendo del proceso original. Este sistema está actualmente regulado para los ámbitos civil y penal en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El PP expone que la suspensión de un proceso en marcha para resolver algún aspecto que dependa de otro orden jurisdiccional o del mismo orden, pero que deba ser resuelto por otro tribunal, es una previsión “del todo beneficiosa para afianzar la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento jurídico”.

En este sentido, destaca que su aplicación evita resoluciones contradictorias, ya que la resolución que recae sobre la cuestión prejudicial habrá de tenerse en cuenta al resolver sobre el objeto principal del proceso.

EVITAR RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS

La solución podría darse por la acumulación de procesos, tal y como establece el artículo 34.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que dispone que “serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación”.

Sin embargo, el PP considera que la acumulación no siempre es posible o no se llega a realizar, por lo que, en ocasiones, surgen los problemas ya aludidos, provocados por pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios.

En aras de garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica a través de los mecanismos legales oportunos, los ‘populares’ plantean que la Comisión de Justicia del Congreso inste al Gobierno a estudiar y, en su caso, promover las modificaciones legislativas oportunas para regular los supuestos de prejudicialidad en los que se pueda ver implicada la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.